Unifye SL advierte que una nueva ley sobre la venta de préstamos impagados podría dejar desprotegidos a la mayoría de los consumidores españoles endeudados. La legislación, que busca ayudar a personas vulnerables a saldar sus deudas mediante planes de reembolso, podría restringir el acceso a estos beneficios al modificar la definición de "vulnerabilidad". Según expertos, esta definición se basa únicamente en el Ingreso Mínimo Vital, lo que no refleja adecuadamente las diversas circunstancias que afectan la capacidad de pago de los deudores. Se espera que el texto final de la ley ofrezca una protección adecuada para quienes realmente lo necesitan. Para más información, visita el enlace.
Una nueva legislación relacionada con la venta de préstamos impagados podría dejar fuera de su protección a una gran parte de los consumidores españoles que se encuentran en situación de endeudamiento. Este cambio en la normativa tiene como objetivo facilitar a las personas vulnerables la posibilidad de liquidar sus deudas mediante acuerdos de reembolso razonables con las entidades bancarias.
Sin embargo, la reciente enmienda a esta ley ha alterado la definición de "vulnerabilidad", lo que podría restringir el acceso a los beneficios que ofrece. Con este enfoque renovado, existe el riesgo de que muchos consumidores queden desprotegidos ante la venta de sus préstamos a agencias de cobro.
Maria Petrache, representante de Unifye SL, expertos en gestión de deudas, ha señalado que el debate sobre la definición de cliente vulnerable ya se vivió en el Reino Unido en 2005, donde se buscó establecer criterios más estrictos para limitar el acceso a las protecciones necesarias.
En España, para ser clasificado como un deudor vulnerable, es necesario percibir el Ingreso Mínimo Vital, fijado en 604,21 euros mensuales. Esta única medida resulta insuficiente y poco razonable para determinar la vulnerabilidad económica de una persona, dado que existen múltiples factores que pueden influir en su capacidad para saldar préstamos.
Con unos ingresos tan limitados, resulta casi imposible cubrir gastos básicos como alquiler, alimentación y suministros médicos. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona, sobrevivir con esta cantidad es un desafío monumental, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del criterio actual.
Para realizar una evaluación justa y precisa del estado financiero de un individuo, es fundamental considerar no solo sus ingresos, sino también otros aspectos relevantes como las cargas familiares y los gastos esenciales diarios.
La verdadera vulnerabilidad debe evaluarse teniendo en cuenta las circunstancias reales y las posibilidades económicas del consumidor.
Es crucial recordar que según la ley vigente, los consumidores tienen derecho a proponer Planes de Pago, permitiendo así devolver el importe total adaptándose a sus capacidades financieras. Esto es lo que realmente necesitan y desean aquellos considerados "vulnerables".
A medida que se espera la publicación del texto definitivo de esta ley, hay esperanzas de que el futuro reglamento brinde una protección adecuada a las personas vulnerables, cumpliendo así con el objetivo primordial del marco legal propuesto.
La nueva ley pretende ayudar a las personas vulnerables permitiéndoles saldar sus deudas mediante planes de reembolso razonables con los bancos.
Se corre el riesgo de que, al cambiar la definición de "vulnerabilidad", la mayoría de los consumidores endeudados en España queden excluidos de las protecciones que ofrece la ley cuando sus préstamos son vendidos a agencias de cobro.
Actualmente, para ser considerado un deudor vulnerable, se debe estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital, que es de 604,21 euros al mes, lo cual no tiene en cuenta otras variables que afectan la capacidad de pago del individuo.
La evaluación debería incluir ingresos, cargas familiares, gastos médicos y educativos esenciales, y otros gastos cotidianos que enfrenta una persona.
Se espera que el futuro reglamento proteja adecuadamente a las personas vulnerables y cumpla con el objetivo principal de la ley.