Redaccion | Miércoles 11 de febrero de 2015
Los creadores del Fondo Social de Viviendas (FSV) han decidido prorrogarlo un año más, hasta el 17 de enero de 2016, tras dos años en vigor en los que ha asistido a 1.465 familias que se han visto en una situación vulnerable como consecuencia de la crisis económica.
Según ha indicado el Ministerio de Economía y Competitividad en una nota, el Fondo cuenta con 6.000 viviendas aportadas por 33 entidades financieras que gestiona mediante alquileres reducidos de entre 150 y 400 euros al mes y con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar.
El Fondo se puso en marcha el 17 de enero de 2013 mediante acuerdo entre los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento, las principales entidades de crédito del país y sus asociaciones, la FEMP y la plataforma del tercer sector.
En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias especialmente afectadas por la crisis y sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado.
Se pueden beneficiar del Fondo aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario.
Para acceder a esta medida, el conjunto de los ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual) y ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad.
Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, ser víctimas de violencia de género o ser personas mayores, prejubilados o jubilados que hayan avalado con su vivienda a sus hijos o nietos.
Según Economía, el Fondo también abarca a todas aquellas personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.