Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Los ministros de Economía de la eurozona acuerdan acortar, por debajo de 10 años, el plazo de creación del nuevo fondo común de 55.000 millones de euros para liquidar bancos en crisis. El Eurogrupo busca así acercar posturas con la Eurocámara con el fin de poder completar la unión bancaria antes del fin de la legislatura.
El Parlamento dijo la semana pasada que las posiciones siguen "muy alejadas" y avisó de que si los Gobiernos no hacen nuevas concesiones no habrá acuerdo. Los parlamentarios rechazan, entre otras cosas, el periodo transitorio de 10 años que ha impuesto Alemania para mutualizar el fondo de liquidación -durante el cual, éste estará formado por compartimentos nacionales, de forma que cada país pagará por sus bancos- y denuncian que no habrá suficiente dinero.
Para que dé tiempo a aprobar el mecanismo único de liquidación en el último pleno de la legislatura, en abril, el pacto con la Eurocámara debe cerrarse el miércoles, tras el Eurogrupo del lunes y el Ecofin del martes. De lo contrario, la unión bancaria se retrasará al menos hasta 2015, incumpliendo los plazos marcados por los jefes de Estado y de Gobierno.
El mecanismo único de liquidación es el segundo pilar de la unión bancaria. Su objetivo es que sean las entidades y no los contribuyentes los que paguen las futuras crisis financieras. Con la unión bancaria, la UE pretende romper el círculo vicioso entre bancos y Estados y permitir así que el crédito vuelva a fluir.
"Hay consenso entre los Estados miembros para acelerar el plazo de 10 años", asegura un diplomático europeo. Pero todavía no hay acuerdo sobre la alternativa. Una "muy amplia mayoría" de países, entre ellos España, apoya la solución propuesta por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que consiste en disociar el plazo de mutualización del fondo, que se reduciría de 10 a 5 años, del plazo para rellenarlo y alcanzar los 55.000 millones de euros, que se mantendría en 10 años para no imponer una carga extra a las entidades.
Pero Alemania sólo acepta acortar los plazos de mutualización si al mismo tiempo se aceleran las aportaciones de los bancos al fondo. La solución de compromiso podría ser la que ha propuesto el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, que consiste en fijar en siete años el plazo tanto para mutualizar completamente el fondo como para llegar al nivel de 55.000 millones de euros.
La contrapartida que sugirió Barnier es que el ritmo de mutualización no sea lineal, sino mucho más rápido al principio. Esta alternativa se acercaría además a las propuestas de la Eurocámara, que exige al menos una mutualización del 50% ya desde los primeros años.
La otra concesión que están dispuestos a hacer los ministros de Economía al Parlamento para aumentar la potencia del fondo de liquidación y garantizar que en ningún momento se quede sin dinero consiste en dotarle de una capacidad de endeudamiento, de forma que pueda captar dinero en los mercados. Sobre esta cuestión ya hay consenso en el Eurogrupo.
En cambio, sigue sin estar claro si el fondo podrá contar con avales públicos para endeudarse y lograr así más dinero extra. El comisario de Servicios Financieros ha sugerido que en un primer momento las garantías sean nacionales y que se vayan mutualizando progresivamente.
Sobre estas dos cuestiones se espera ya un acuerdo provisional tras la reunión de este lunes, en la que también participarán los negociadores de la Eurocámara.
Lo que sí está claro es que Berlín se mantiene inflexible en su veto a que el fondo de liquidación pueda acceder a una línea de crédito del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE), el fondo de rescate público. Esta era la otra solución sugerida por Draghi para asegurar que siempre habrá dinero. Su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, alega que la solución no puede ser trasladar la factura de la quiebra de un banco de un país a otro.
REPARTO DE PODER Y TOMA DE DECISIONES
En el Ecofin del martes, el objetivo es cerrar un acuerdo para simplificar el sistema de toma de decisiones pactado en diciembre, que según la Eurocámara y el BCE es demasiado complicado e ineficaz para responder a quiebras bancarias que exigen soluciones en cuestión de horas. Sobre estas cuestiones, las posturas están más alejadas, según fuentes diplomáticas, que auguran una larga jornada de negociaciones.
La principal reivindicación del Parlamento es que los Gobiernos no intervengan en el proceso de toma de decisiones sobre el cierre de bancos por considerar que ello puede politizarlas y que sea la Comisión la que tenga la última palabra, en contra de lo que decidió el Ecofin en diciembre por exigencia de Alemania. Los ministros están dispuestos a limitar la intervención del Consejo a casos excepcionales, pero no a suprimirla por completo.
El Parlamento y los Gobiernos también discrepan sobre quién debe determinar que un banco está cerca de la quiebra y debe pasar a resolución. La Eurocámara sostiene que ésta debe ser una competencia exclusiva del BCE, que a partir de noviembre será el supervisor único, mientras que el Ecofin pida que también pueda participar el nuevo consejo de resolución.
Las decisiones sobre la liquidación de bancos serán preparadas por este consejo de resolución, formado por un director ejecutivo, un directorio de cuatro miembros y los representantes de las autoridades nacionales de resolución (como el FROB en España) de todos los países participantes. Pero todavía se discute qué decisiones se tomarán en plenario y cuáles en formato ejecutivo (es decir, por el directorio y los representantes de los Estados miembros afectados por la decisión). Tampoco hay acuerdo sobre el reparto de poder entre los países (y si debe depender o no de la cantidad aportada al fondo).
En este sentido, hay algunos Estados miembros, en particular Francia y Alemania, que están incómodos porque todavía no se ha concretado exactamente cómo se calculará la contribución que debe hacer cada banco al fondo, que se basará en su nivel de riesgo. El ministerio de Economía ha cifrado en 8.600 la aportación que tendrá que hacer la banca española, con contribuciones muy similares a las ya existentes para el fondo de garantía de depósitos.
Si hay acuerdo el martes, la negociación final con la Eurocámara se cerraría el miércoles. En caso contrario, la presidencia griega se vería obligada a convocar otra reunión extraordinaria antes del 20 de marzo, fecha que los diplomáticos ven como límite para que el expediente pueda votarse en el pleno de abril.