La ministra de Vivienda asegura que se mantendrán la mayoría de las ayudas para la compra de VPO

08/09/2010.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que “este Gobierno está invirtiendo como ningún otro lo ha hecho en materia de vivienda, desde el Plan Estatal, con las ayudas a los inquilinos, para la rehabilitación, o para el pago de las hipotecas, hasta la Renta Básica de Emancipación y ahora, pese al ajuste que va a haber, se mantendrá la mayor parte de las ayudas directas al ciudadano, que son las que más impacto social tienen y benefician a los colectivos desfavorecidos”.

En respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular y a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, en la sesión de control al Gobierno, Beatriz Corredor ha explicado que el Ministerio financia el 85% de las actuaciones en materia de política de vivienda que realizan las comunidades autónomas; desde 2004, el Gobierno ha financiado más de medio millón de viviendas protegidas; y la inversión en planes de vivienda ha pasado de 530 millones de euros en 2003 a 1.019 en 2009, sin incluir la Renta Básica de Emancipación. “Aún contando con los recortes previstos, en 2011 y 2012 las cifras estarán muy por encima de las cifras de 2004”, ha concluido Corredor.

“Ahora, seguiremos invirtiendo en Vivienda, y dialogando con todas las comunidades autónomas y los agentes sociales para que la reprogramación de objetivos del Plan Estatal se haga con el máximo consenso y con coherencia, manteniendo las prioridades que en este momento nos parecen claves. Y sin olvidar que la política de vivienda forma parte del núcleo duro del Estado de Bienestar en España”.

La ministra se ha referido a los ajustes el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que el Ministerio ha planteado por tres razones: “para cumplir el compromiso de reducción del déficit al 3% en el horizonte de 2013, un compromiso adquirido a nivel europeo; la segunda razón es que queremos concentrarnos en aquellas líneas prioritarias que están dando mejores resultados, y han sido más demandadas por ciudadanos, promotores y comunidades autónomas, como son el alquiler y la rehabilitación; y la tercera es que la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) de una vivienda protegida no ha demostrado ser la medida más eficaz, puntual y equitativa para ayudar a los adquirentes de vivienda protegida, ya que muchas veces llegaba a sus adjudicatarios incluso años después de suscribirse la correspondiente escritura pública de compra y el préstamo hipotecario. Es decir, que no disponían de ella en el momento de afrontar el pago de la entrada, que era el fundamento de esta ayuda”.

La ministra ha anunciado que en el borrador de Real Decreto que modificará el PEVR se han incluido una serie de disposiciones transitorias que garantizan el derecho a percibir la AEDE a aquellos beneficiarios que tuvieran avanzado el proceso de adquisición de una vivienda protegida.

La ministra ha destacado que “la supresión de la AEDE a partir de 2011 no significa que se supriman las ayudas a las familias más desfavorecidas” ya que se mantienen la mayoría de las mismas para facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda protegida. Así, seguirán disfrutando de un precio tasado adaptado el nivel de renta de las familias, se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos convenidos entre el Ministerio y las Entidades Financieras, con mejores condiciones y a tipos de interés más bajos que los del mercado y no se modifican los subsidios para ayudar a pagar la hipoteca durante diez años, y que pueden alcanzar los 11.000 euros. Además, a partir de 2011 el préstamo hipotecario de las viviendas protegidas podrá alcanzar hasta el 90 % del valor de tasación de la vivienda, “con lo que en la práctica cumplirán idéntica finalidad: evitar la necesidad de ahorro previo para adquirir una vivienda, con la ventaja de que el 90% del préstamo estará siempre disponible desde el momento de la firma de la escritura”.

Corredor también ha destacado que el PEVR permite a todas las familias optar a una vivienda protegida en alquiler con opción de compra, de manera que puedan canalizar progresivamente su ahorro hacia la compra sin tener que hacer el desembolso inicial, y todo ello con un IVA reducido gracias a una reforma legal aprobada el año pasado.

“Por lo tanto, -ha destacado- la mayoría de las ayudas a la compra de vivienda protegida no desaparecen, como tampoco ninguna de las ayudas al alquiler. Se mantiene también la Renta Básica, y se está trabajando para multiplicar la eficacia de las ayudas a la rehabilitación”.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio ha incorporado a las comunidades autónomas, Ayuntamientos, entidades financieras, sindicatos y empresarios, agentes sociales, y económicos, e incluso a los colegios profesionales, en la nueva Plataforma Social para la Rehabilitación, “en la que de momento sólo faltan las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, a pesar de las innumerables ventajas que para las familias y para los trabajadores y las PYMES pueden ofrecer este foro y este proceso”, ha señalado Corredor.

Corredor ha explicado que “la reprogramación del Plan es coherente con los objetivos de este Gobierno: reequilibrar, diversificar y modernizar el mercado inmobiliario residencial español, en el que se había sobredimensionado la construcción de viviendas destinadas a compra, en detrimento de los otros dos ámbitos de actividad”.

Corredor ha resaltado que el Gobierno ha estado dialogando con las comunidades autónomas y agentes económicos y sociales “de forma leal y transparente”, tomando nota de las sugerencias y aportaciones que nos han planteado y que en buena medida hemos incorporado al Real Decreto que modificará el PEVR”.

En este mismo sentido, ha hecho hincapié en que “el Gobierno ni quiere ni puede imponer nada a las comunidades autónomas. La vivienda ha sido y es una plena competencia autonómica. Este Ministerio complementa dicha competencia con fondos propios, y orienta hacia aquellas líneas de actuación que resultan más oportunas y preferibles desde el punto de vista social y de la planificación económica a nivel general” y ha recordado que las administraciones autonómicas “tienen además, fuentes propias de ingresos para invertir en política de vivienda, exactamente igual que la Administración General del Estado y por tanto son libres para impulsar aquellas actuaciones que consideren pertinentes, o para subsidiar aquellos ámbitos que no reciban ayudas del Plan Estatal o del Ministerio”.