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Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat a pagar 81.300 euros a una empresa constructora por haber tardado más de dos meses en abonar las certificaciones de las obras correspondientes a un instituto en Castelldefels (Barcelona). Con esta decisión, la Justicia da un paso importante en cuanto a la resolución de conflictos entre constructoras y Administración pública, ya que el retraso en los pagos por parte de las instituciones suele acarrear serios problemas a las empresas contratadas en proyectos de obras públicas.
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