Fomentar la creación de pisos protegidos y del alquiler son algunas de las principales promesas de los candidatos
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La vivienda vuelve a utilizarse como el principal arma electoral de los distintos partidos políticos en su lucha por conseguir el poder autonómico o municipal en los comicios del próximo 25 de mayo. La escalada alcista de los precios y la escasez de inmuebles protegidos han situado el problema en el centro del debate político. Cada partido tiene su receta particular para solventar una situación que afecta a un amplio número de familias españolas, que actualmente tienen que destinar cerca de la mitad de sus ingresos a la compra de una vivienda.
Gema Fernández
Madrid
Todos los partidos políticos españoles han incluido en sus programas electorales para las próximas elecciones a los gobiernos autonómicos y municipales varios puntos relacionados con la vivienda.
La escalada alcista de los precios de los pisos -según Tinsa, en el primer trimestre de 2003 comprar una casa era un 19% más caro que un año antes-, unida a los sucesivos recortes en los tipos de interés y al alargamiento de los plazos de las hipotecas han animado a muchos españoles a adquirir una vivienda, incluso endeudándose por encima de sus posibilidades.
Los principales grupos políticos nacionales coinciden en alertar sobre lo peligroso que resulta esta situación y buscan distintas soluciones. Otro de los puntos en los que no discrepan es en la necesidad de frenar el encarecimiento del suelo como primer paso para abaratar la vivienda.
Las propuestas.- El Partido Popular ha apostado por la liberalización total del suelo, una técnica que lleva empleando desde que se hizo con el poder estatal. Cree que ésta es la única forma de sacar al mercado suelo urbanizable, frenando la especulación.
Para conseguir su objetivo el PP sabe que tiene que pactar con los ejecutivos regionales y locales, algo que todavía no ha conseguido en su totalidad. Su último intento de buscar el consenso con la firma de un pacto en materia suelo fracasó por la oposición del País Vasco y de las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
Los socialistas creen que la liberalización de terrenos que está llevando a cabo el Gobierno no ha podido frenar la escalada alcista de precios, ni mucho menos acabar con la especulación; es más, opinan que esta fórmula ha fomentado el encarecimiento del coste de los solares urbanizables.
Desde el punto de vista del PSOE, la solución al problema pasa por una mayor intervención pública a través de las administraciones de corte local y regional.
Una de las propuestas que plantean todos los programas electorales para facilitar el acceso a una vivienda digna, como propugna nuestra Constitución, es fomentar la construcción de pisos protegidos.
Viviendas protegidas.- Los socialistas afirman que el parque de este tipo de inmuebles en España representa menos del 10% del volumen total de casas iniciadas. Si gana las elecciones del próximo 25 de mayo, primero, y después las generales del año que viene, el PSOE se ha comprometido a destinar el 25% del suelo de las nuevas actuaciones urbanísticas a la construcción de pisos protegidos. Además, quiere destinar un tercio de las VPO que se edifiquen al alquiler para jóvenes, argumentando que nuestro país es el que menos oferta de vivienda pública de estas características tiene en la Unión Europea.
En la misma línea, Izquierda Unida garantiza en su programa electoral que al menos el 50% de los terrenos afectados por nuevos planes urbanísticos se dedicará a la construcción de VPO, y también apuesta fuerte por el fomento del alquiler.
El PP, por su parte, ha prometido incentivar la puesta en el mercado de un total de 100.000 viviendas en este régimen de pago. Para conseguirlo, ha reducido al 5% el tipo que grava el Impuesto de Sociedades para las empresas que promuevan pisos para arrendar. También se ha comprometido a proteger más a los propietarios de este tipo de inmuebles modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de agilizar los procesos de deshaucio y reclamación de deudas.
Los promotores distinguen dos modelos de programa electoral: el liberal y el intervencionista. Es decir, el del PP, que propone liberalizar y agilizar el mercado dando prioridad a la iniciativa privada, frente a los del PSOE e IU, que apuestan por el aumento de los recursos públicos y por un mayor control de la gestión urbanística.