Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La deuda de las Administraciones Públicas con las empresas y los proveedores se eleva a 12.353 millones de euros, lo que supone una de las mayores cargas que tienen que soportar los empresarios en crisis y que ha provocado ya muchas protestas en toda España, para solicitar a Pedro Solbes y al propio Zapatero que el Estado de dinero para solventar esa enorme deuda.
Unos impagos que están poniendo en entredicho el futuro y supervivencia de muchas empresas, hasta el punto que los propios técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han instado al Gobierno a que la deuda de las administraciones públicas pueda ser compensada por la compañías con el aplazamiento de pago del Impuesto de Sociedades y del IVA.
Así, Gestha recomienda que estas obligaciones pendientes de pago tengan la consideración de “aval suficiente” para que las empresas que estén siendo perjudicadas por el retraso de estos pagos puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda, eximiendo a ambas partes de los intereses de demora. Los retrasos en los pagos de las administraciones públicas con sus proveedores han sido siempre uno de los hándicaps de la economía española.
Hay ayuntamientos que tardan más de un año en pagar por lo que muchas veces han de elevar el coste de sus adjudicaciones para compensar a las empresas de los costes financieros que significa entregar hoy y cobrar dentro de un año o más.
Durante la época de las “vacas gordas” de la construcción, los Ayuntamientos han dedicado gran parte de los ingresos obtenidos de las licencias de obra y las plusvalías de los terrenos municipales para reducir su déficit, pero nunca lo lograron del todo, por lo que al reducirse la construcción, las cuentas municipales se encuentran todavía peor que hace diez años.
Los ayuntamientos van a poder, por fin, hacer frente a los pagos de sus proveedores, deudas que son origen de importante problemas económicos para pequeñas y medianas empresas. Para ello, el gobierno de Zapatero y la FEMP han acordado varias medidas encaminadas a agilizar el cobro de las obligaciones que tienen pendientes las corporaciones locales.
Una de ellas está encaminada a mejorar la Tesorería de las entidades locales que hayan liquidado el presupuesto de 2008 de manera negativa, que podrán ahora refinanciar bancariamente su endeudamiento, aprobándolo antes en Pleno, en un plazo de tres meses tras ser ratificada la norma.
Junto a esta medida, se ha aprobado una línea aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los ayuntamientos, que permite a éstos acceder a los créditos con los que hacer efectivos sus pagos, teniendo como garantía la Participación en los Ingresos del Estado de las entidades locales. Por último, se aprobará la flexibilidad de la Estabilidad Presupuestaria, que amplía el déficit de los consistorios del 0,0% al 0,3%.