La 'saga fuga' inmobiliaria

La "espantada" y la posterior expulsión de los diputados regionales Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, que ha impedido la formación del gobierno de centro-izquierda, liderado por Rafael Simancas y Fausto Fernández, ha sido relacionado por socialistas e IU con la existencia de un "golpe inmobiliario" de promotores y constructores. El asunto está ya en los tribunales. A finales de octubre, si los diputados rebeldes no devuelven antes sus actas, habrá nuevas elecciones a la Comunidad de Madrid, casi coincidiendo con las urnas catalanas, y posiblemente las andaluzas.

Los principales municipios del entorno metropolitano viven, al igual que la capital, unas desaforadas subidas del suelo, cuyo precio se ha multiplicado por 10 y hasta por 20 en los últimos diez años, sin que haya en este caso ninguna diferencia entre los gobernados por el PP, PSOE o Izquierda Unida.
La guerra urbanística entre PP y PSOE se desató en Madrid en 1997, cuando el ex alcalde socialista Juan Barranco presentó una denuncia contra los desarrollos urbanísticos de Madrid, proyectados por Alvarez del Manzano en 1997. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha señalado ilegalidades que afectan a 28 actuaciones, donde se van a construir viviendas para más de 100.000 personas.
La Ley del Suelo de Gallardón y las promesas de todos los políticos de abaratar el suelo, han sido incapaces de impedir que en la actualidad un metro cuadrado edificable valga, como media, lo mismo que un cuarto de kilo de oro y ya edificado puede llegar a valer 6.000 euros el metro cuadrado, más de medio kilo del metal precioso.

Vivienda protegida.- La gran diferencia entre la política urbanística de la época de los gobiernos de Joaquín Leguina y Tierno Galván, con la de Gallardón y Alvarez del Manzano, ha sido la potenciación de la vivienda de protección oficial que hubo en la etapa socialista, donde se creó la sociedad pública Arpegio para la compra o expropiación de suelo y la constitución de grandes consorcios entre la Comunidad y los ayuntamientos para el desarrollo urbanístico de nuevos barrios.
Los ayuntamientos de izquierdas han preferido, con excepciones, la expropiación como método para conseguir suelo edificable, mientras que los gobernados por el PP han escogido el sistema de compensación y acuerdos urbanísticos con los propietarios.
En los últimos ocho años el número de viviendas de protección oficial ha ido disminuyendo por tres motivos fundamentales, si atendemos a las razones que dan las dos asociaciones de cooperativas, AEGC y Agecovi:
1/ Oposición de los promotores a los precios de los módulos, considerados demasiado bajos y alejados de la realidad del mercado.
2/ La falta de medidas para evitar que los compradores de VPO especulen con sus casas. Las personas que tuvieron la suerte de conseguir una VPO por 12 ó 13 millones de pesetas (70.000 u 80.000 euros) en 1992, diez años más tarde han podido venderla en 40 ó 45 millones (240.000 ó 270.000 euros).
3/ La escasez de apoyos a las cooperativas, que han sido las principales promotoras de las viviendas baratas, la carestía del suelo y las preferencias de los compradores por conseguir una casa ya construida, frente a los cinco o seis años que tarda una cooperativa en dar el piso, frenaron el crecimiento de esta fórmula mucho más barata.
Madrid tiene grandes extensiones de suelo reservado para construir VPO, ya que la Ley del Suelo establece la obligación de que en cada actuación se haga un 50% de este tipo de casas, pero los promotores han desarrollado primero las viviendas libres, y han ido relegando las VPO. Incluso se ha llegado a dar el caso de que en algunos municipios varios promotores han convertido suelo reservado a pisos protegidos en viviendas libres, sin que los ayuntamientos, gobernados por PP o PSOE, hayan reaccionado.
El único ayuntamiento madrileño que ha seguido utilizando la expropiación del suelo al cien por cien ha sido Fuenlabrada, regido por el socialista Manuel Robles, mientras que el resto han tenido que llegar a acuerdos con los propietarios o sus representantes para formar juntas de compensación que desarrollen las actuaciones urbanísticas. En Getafe, el alcalde Pedro Castro tuvo que dar marcha atrás a la expropiación de terrenos de El Bercial-Huerta del Jardinero porque los propietarios ganaron el caso en los tribunales. En El Bercial se van a construir 6.000 viviendas, la mitad de protección.
En Rivas Vaciamadrid, ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida y PSOE, el Gobierno local, presidido en ese momento por Fausto Fernández, tuvo que llegar a un acuerdo con los Duques de Rivas para firmar un convenio urbanístico en el que se le concedía la recalificación en urbanizable de algunos de sus extensos terrenos a cambio de ceder una importante porción de sus antiguos cotos de caza al Parque del Sureste, verdadero pulmón madrileño. Rivas ha sido el municipio europeo que más ha crecido en los últimos 12 años, un 5.000% más, y el último PGOU aprobado por el Ayuntamiento, pendiente de su aprobación final por la Comunidad, prevé la construcción de 14.000 viviendas más. El artífice del plan urbanístico, el socialista Ceferino Riestra, fue "eliminado" de la lista de su partido en Rivas en favor de una empleada de Ferraz, Isabel Fernández, apoyada por José Blanco. Ahora se habla de una antigua y frustrada operación en Rivas entre los "amigos" de Tamayo, Euroholding, y un supuesto despacho de Txiki Benegas, ex secretario de organización del PSOE.
En el campo contrario, José Martín Crespo, anterior alcalde de Pozuelo de Alarcón, tuvo que lidiar durante ocho años con el consejero de Urbanismo de la Comunidad, Luis Eduardo Cortés y el director general Sáenz de Pipaón, para conseguir sacar adelante el PGOU del municipio. Crespo fue sustituido por su partido como candidato, por Jesús Sepúlveda, marido de la dirigente del PP, Ana Mato. Pozuelo es el municipio donde más ha subido el precio del suelo. Se ha comentado que José María Aznar ha escogido Pozuelo como el lugar de residencia cuando abandone la Moncloa, al igual que hicieron Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo.

Problemas y mas problemas.- El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, tuvo continuos enfrentamientos con la Comunidad por elevar la edificabilidad de los centros comerciales que amenazan con colapsar las carreteras de paso, y por su pretensión de construir más de 10.000 viviendas en Alcorcón Norte. El asunto todavía va a colear unos meses porque el PSOE, que ha ganado la alcaldía con Enrique Cascallana, liga los planes urbanísticos de Zúñiga a la supuesta trama inmobiliaria que habría "comprado" a Tamayo y Sáez. El nuevo gobierno socialista ha suspendido los planes urbanísticos hechos por su predecesor, pese a que en esa zona uno de los grandes promotores es Metrovacesa.
Luis Eduardo Cortés rechazó el PGOU de Brunete, que prevé la construcción de más de 13.000 viviendas y en donde están dispuestos a participar los mayores promotores. La razón está en la falta de estudios que demuestren que el desarrollo previsto es sostenible desde el punto de vista ecológico. El Gobierno de Gallardón ha sido siempre contrario a los grandes desarrollos, y tan sólo ha aceptado en los últimos años los consorcios aprobados con los ayuntamientos de Parla, donde está previsto levantar 20.000 viviendas, y el más polémico, el de El Escorial que supondrá duplicar el casco del municipio y, además, afecta al Monte Abantos, que el ex presidente había prometido proteger.
También esta pendiente de los estudios de medio ambiente el desarrollo de más de 7.000 viviendas que el Ayuntamiento de Getafe ha incluido en el nuevo PGOU, para construir en Perales del Río, donde la familia de Rodrigo Rato (Aurosur) ha vendido terrenos que serían recalificados. En San Fernando, gobernado por Izquierda Unida, hubo enfrentamientos entre el PSOE y la alcaldesa Montserrat Muñoz, por la recalificación de terrenos propiedad de conocidos empresarios, como Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, o Juan Abelló.

Conexiones politicas.- Una disputa urbanística con Enrique Benedicto Mamblona, marido de la dirigente socialista Ruth Porta, sobre una pequeña parcela donde se van a construir 24 pisos, fue el detonante que provocó la expulsión del PSOE del alcalde de Humanes, Adolfo Alvarez Sojo, según la versión de este último. Se da la circunstancia de que Humanes ha sido el único municipio madrileño donde el PSOE ha apoyado al Partido Popular para impedir que Sojo siguiera en la alcaldía.
En Sevilla La Nueva, otro de los municipios más tocados por las polémicas urbanísticas, el promotor Francisco Bravo visitó la sede de Génova tras las elecciones, con el propósito de conseguir que el secretario general regional, Romero de Tejada, instara a los concejales del PP a apoyar al candidato independiente, expulsado del PP. Los populares se negaron a hacerlo y el municipio será gobernado por una alcaldesa socialista.
Otra víctima de las denuncias y ataques ha sido el ex alcalde popular de Aranjuez, José María Cepeda, miembro de la comisión ejecutiva del partido a nivel regional, y que fue acusado por el PSOE de haber concedido obras y recalificaciones ilegales. El asunto llevó incluso a la intervención del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, que acusó formalmente al ex alcalde justo en el momento en que comenzaba la campaña electoral.
En San Sebastián de los Reyes, el asunto del polígono de Moscatelares, donde se levantó el complejo de Ikea, sigue siendo motivo de polémica y de denuncias judiciales.
El expulsado Eduardo Tamayo ha acusado al grupo de Ruth Porta de haber intervenido en este municipio. En los papeles que manejaba durante el debate de investidura, Tamayo tenía anotados junto al nombre de Porta: Caso Humanes, San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix (Revista Epoca). Entre los datos que se manejan está la comida que hicieron en un restaurante madrileño, en el año 2002, la dirigente socialista, entonces concejala de Madrid, un concejal de IU de San Sebastián de los Reyes y la diputada del PP, Pepa Aguado, muy próxima a Rodrigo Rato.