El plan oficial destinará sólo 2.000 metros a equipamiento básico
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Ayuntamiento y el Ministerio del Interior sellaron recientemente un protocolo de intenciones para transformar los terrenos de la cárcel de Carabanchel en viviendas, zonas verdes, terciario y equipamientos. Los vecinos de la zona, descontentos con el acuerdo, reclaman más equipamientos y más viviendas con protección.
Las asociaciones de vecinos de Carabanchel y la Latina, los dos barrios limítrofes con la antigua cárcel de Carabanchel, han manifestado su oposición al acuerdo sellado a mediados de junio entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior para reconvertir los terrenos de la antigua prisión, en desuso desde 1998, en viario, zonas verdes, equipamientos, terciario y viviendas.
En un comunicado, los representantes de las asociaciones vecinales denuncian que las administraciones hayan hecho oídos sordos a su principal reivindicación, que pasa por reconvertir todo el terreno en equipamientos para paliar el déficit de dotaciones públicas con que cuentan los barrios del entorno.
El protocolo de intenciones firmado por las administraciones que dirigen Alberto Ruíz Gallardón y Alfredo Pérez Rubalcaba destinará un total de 58.859,35 metros cuadrados a equipamientos, de los cuales casi 40.000 se dedicarán al hospital, otros 14.000 a la comisaría, ya en funcionamiento, y más de 2.500 a la escuela de penitenciaría. De esta forma, el acuerdo sólo deja algo más de 2.000 metros cuadrados para otro equipamiento básico, lo que impedirá el levantamiento de "otras instalaciones municipales, como guardería, centro de mayores y bibliotecas", denuncian los vecinos, ya que el espacio destinado "únicamente permitirá la construcción de una de ellas".
Por otra parte, reivindican que se mantenga parte de la estructura central de la antigua cárcel para construir un centro cultural vinculado a la paz, los derechos humanos y la memoria histórica.
Además, reclaman más superficie para el hospital, porque los 40.000 metros actuales "resultan claramente insuficientes para construir un hospital de 350 camas, que es lo requerido por la Comunidad de Madrid para la zona".
Asimismo, desde las asociaciones vecinales denuncian que de las 650 viviendas que se levantarán en la zona, sólo el 30% contará con algún tipo de protección, el porcentaje mínimo obligado por la Ley del Suelo.