Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Tolerancia cero con aquellos que comentan actos vandálicos contra el patrimonio gallego. La Xunta ha endurecido la lucha contra los daños a los monumentos, que se están castigando con multas que van de 60.101 euros en adelante.
Las agresiones al patrimonio cultural no quedarán impunes en Galicia si nos atenemos a las cifras que presenta el Gobierno gallego acerca del número de sanciones que se han impuesto a los causantes de estos actos.
El caso más espectacular es el de Pontevedra, provincia en la que se triplicaron en un año, mientras que en el ejercicio de 2006, la cantidad de acciones multadas se cifraron en 28, en el año 2007 se contabilizaron 91 ataques a pazos, castros o dólmenes. En esta provincia, la Consellería de Cultura investigó el año pasado más casos de agresión al patrimonio que en 2006 en toda Galicia, con un total de 81 sanciones.
Los principales culpables de agresiones fueron los particulares, con 57 sanciones, seguidos por los ayuntamientos, con 18, y empresas, con once multas. En la lado contrario, se sitúan los bienes afectados por los actos vandálicos encabezando la lista los pertenecientes a las iglesias, con 47 agresiones, los pazos, con cinco, y los conjuntos históricos, con diez.
El ente encargado de velar por la conservación de este patrimonio es la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y su principal objetivo es evitar que se produzcan algunas de las agresiones más comunes que se realizan en Galicia. Entre éstas destacan el robo de un cruceiro, construir un campo de golf sobre una antigua mina romana, o adornar un dolmen con un graffiti. Cultura "practicará tolerancia cero en este tipo de acciones", según explicó la titular de la Consellería, Ánxela Bugallo.
En Galicia actualmente están catalogados 580 bienes de interés cultural, entre pazos, castillos, castros, hórreos y escudos, a los que el Gobierno gallego concede la máxima protección. De ellos, 22 son conjuntos históricos de cascos urbanos.
La multa por dañar estos bienes es ilimitada; si el daño causado se puede estimar económicamente, el infractor deberá pagar el valor multiplicado por cuatro. En el caso de que no se pueda contabilizar, las multas irán desde los 20.101 euros para los casos más leves, hasta más de 150.253 en los más graves.