¿Justicia ciega?

Uno de los principios de la Justicia o, al menos, de sus virtudes, es que debe ser ciega. Es decir, que no mira sobre quién se aplica y es igual para todos. Esto debería ser lo normal y fundamental para una Justicia igualitaria. Pero da la impresión, al menos en lo que respecta a algunas actuaciones de la Fiscalía en materia urbanística, que esta afirmación no es del todo correcta.
Que hay una gran parte de políticos que cumplen con su deber en los ayuntamientos en materia urbanística es algo que todos debemos tener claro. Pero también debemos tener claro que hay manzanas podridas en todos los cestos y a estos cestos les podemos poner las siglas de cualquier partido con poder municipal. Por este motivo, resulta extraño que sólo lleguen a conocimiento de los ciudadanos, con un gran despliegue mediático y con retransmisión prácticamente en directo por televisión de la actuación policial, casos que sólo afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular.
Sin entrar a discutir el fondo, que serán los tribunales los que lo hagan, las formas no son las más heterodoxas y más cuando se producen, seguro que por una extraña casualidad, en la región en la que se presenta el ministro de Justicia como candidato al Congreso de los Diputados en las próximas Elecciones Generales. Como antes, en las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo, coincidió con la que se presentaba el anterior ministro de Justicia.
Como la mujer del César, además de serlo debe parecerlo y, aunque el Fiscal General del Estado lleva un tiempo desaparecido de la primera línea de la actualidad, debe parecer que es independiente, aunque a estas alturas de la película ya pocos se lo crean. Y más si tenemos en cuenta los casos de corrupción que han afectado a miembros del PSOE, como el del ayuntamiento madrileño de Ciempozuelos, en los que la actuación de la Fiscalía fue al final y casi por obligación.