El curso empieza con preocupación a causa de la crisis del sector en EEUU

05/09/2007.- Aunque gran parte de la población ha estado de vacaciones, el sector inmobiliario no ha estado parado durante el mes de agosto. La crisis hipotecaria en Estados Unidos lo ha puesto en primera línea informativa. Hubo más noticias, como la inestabilidad en Colonial, los recursos del PP contra la Ley del Suelo, la imputación de Enrique Bañuelos por Baltasar Garzón por un presunto delito de estafa y los intentos de Rafael del Pino por solucionar la crisis de imagen de BAA.

Aunque la llegada del verano supone un ligero paréntesis para todos los sectores, el inmobiliario ha estado este año sacudido por varios acontecimientos que lo han mantenido en la primera línea de la actualidad informativa. La crisis hipotecaria de los Estados Unidos ha centrado la atención de los medios de comunicación como ninguna otra noticia económica, especialmente en lo referente a sus posibles efectos sobre Europa y, más concretamente, sobre España.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, afirma que la influencia de la crisis sobre España será prácticamente nula, por el bajo grado de exposición de nuestro país al mercado hipotecario norteamericano. No obstante, esta situación podría generar un cambio en la política económica del banco central estadounidense (Reserva Federal) que sería bienvenido por parte de gran parte de la población. Se trata del posible final de las subidas en el precio del dinero. Por el momento, el regulador monetario estadounidense ya bajó a mediados de agosto la tasa de descuento (interés que les cobra a los bancos a cambio del préstamo de dinero) del 6,25% al 5,75%. Además, durante este último mes, también hizo inyecciones de dinero en los mercados por valor de 10.000 millones de dólares, con el fin de aumentar la liquidez y calmar la preocupación de los inversores a causa de la disminución del crédito.
En España, registró movimientos especialmente Colonial que, tras concluir su ampliación de capital, experimentó una fuerte caída en su cotización. Sin embargo, también hubo noticias relevantes en otras empresas nacionales. Justo antes de que finalizara el mes de agosto, Rafael del Pino intentó dar solución a los problemas que está sufriendo la gestora de aeropuertos BAA, filial de Ferrovial. Para ello, ha puesto al frente de la británica a un nuevo equipo directivo y ha dejado su cargo como presidente de la empresa. Del Pino ocupaba este puesto desde diciembre de 2006, fecha en la que asumió la responsabilidad de sacar a la compañía de la crisis desatada por los conflictos con las operadoras y el mal funcionamiento de alguno de los principales aeropuertos londinenses. Ocupar este cargo supuso un gran desgaste de la imagen de Del Pino en el Reino Unido, aunque consiguió mantener siempre la consideración como empresario solvente.
El nuevo rpesidente de la compañía, Nigel Rudd, es, según un comunicado de la empresa, uno de los empresarios más respetados del Reino Unido. No parece fácil, sin embargo, que BAA recupere a corto plazo la confianza de los usuarios y de los medios británicos, después de haber caído en una espiral de descrédito generada por los continuos problemas de gestión en Heathrow. Estas dificultades han desembocado, durante este verano, en una ola de dimisiones de altos cargos: se fueron Donal Dows (director de seguridad y servicios); Tony Douglas (director general del aeropuerto de Heathrow) y Duncan Bonfield (director de asuntos corporativos). Además de Rudd, se incorporarán al Consejo de la empresa Joaquín Ayuso (consejero delegado de Ferrovial, que sustituirá a John Stevens como consejero no ejecutivo) y Stephen Baxter (nuevo director de operaciones).

Constructoras endeudadas.- Por su parte, la construcción continúa presentando cifras muy positivas en lo referente a resultados y algo más inquietantes en lo tocante a la deuda. Los últimos años, con una liquidez que ahora parece haberse esfumado, han estimulado las compras y las grandes inversiones, que tienen mucho que ver con el actual nivel de deuda. Conjuntamente, las seis grandes de construcción y servicios españolas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso) han obtenido un beneficio de 3.330,34 millones de euros durante los seis primeros meses de 2007. La cifra supone algo más de un 162% más que lo obtenido durante el mismo periodo del pasado año. Estas cifras, al menos en lo referente a las obras de nuestro país, podrían mantenerse gracias a un mayor impulso a la obra civil.
La deuda, sin embargo, también presenta cifras impresionantes. Entre todas estas empresas, el endeudamiento asciende a 86.400 euros, con un incremento también muy importante (un 142% más) respecto a la registrada en la primera mitad del pasado año. La cifra total de negocio aumentó un 44,5% estos seis meses.

El fuerte endeudamiento de Colonial pasa factura a su cotización durante agosto
Verano también muy movido para la compañía que preside Luis Portillo. Tras finalizar la ampliación de capital de 710 millones con el objetivo de financiar parte de la adquisición de Riofisa, la acción de la empresa ha sufrido importantes altibajos, registrando su mayor descenso a finales de julio y principios de agosto. Los accionistas de referencia han apoyado el valor aumentando su participación: mientras que el propio Portillo ya casi alcanza el 40% del capital social, Alicia Koplowitz ha llegado al 9,05%. Sin embargo, Reyal Urbis, ha acordado la venta de su participación del 6,4% a José Ramón Carabante, a un precio de cuatro euros, entre los meses de octubre y diciembre, noticia que ha detenido las subidas que había experimentado el valor durante las últimas jornadas.
También Caja Duero, que entró en el capital de Inmocaral el pasado año, ha decidido salir de la empresa, deshaciéndose del 0,1% que pasó a suponer su antigua participación tras la adquisición de Colonial.
El endeudamiento de la empresa está actualmente por encima del 65% del valor bruto de sus activos, lo que le impedirá repartir dividendo con cargo a los resultados del pasado año. Esta era una de las cláusulas del acuerdo de financiación de más de 7.000 millones de euros suscrito por la compañía el pasado mes de abril.

Las vacaciones no acaban con las malas noticias para Enrique Bañuelos
Astroc siguió dando que hablar durante el mes de agosto. El 10 de ese mes era admitida a trámite la querella presentada por Felipe Izquierdo, accionista de la empresa, a la que, según él, podrían unirse otros 30 compromisarios de la compañía. El primer lunes de septiembre, día 3, Bañuelos comparecía ante el juez Baltasar Garzón para dar cuenta de esta acusación por un presunto delito de estafa, a causa de las operaciones inmobiliarias realizadas entre la compañía y Capital CV sociedad propiedad de Bañuelos al 100%. Estas operaciones consistieron, fundamentalmente, en la venta de activos de Astroc a Capital CV, supuestamente con la intención de maquillar los resultados de la inmobiliaria levantina, y fueron las detonantes de la posterior crisis bursátil de la compañía presidida por Bañuelos.
Durante su comparecencia ante Baltasar Garzón, Bañuelos defendió la transparencia de todas las operaciones efectuadas, afirmando que la CNMV fue informada en todo momento de estos movimientos, por lo que negó cualquier opacidad en la venta de inmuebles de Astroc a Capital CV.
Desde el principio, el ex presidente de la inmobiliaria ha afirmado que su actuación al frente de la compañía fue totalmente transparente y que la crisis bursátil no ha sido un problema contable o de estrategia de negocio, sino producto de los movimientos especulativos en torno al valor.

Los mercados esperan ansiosos medidas para frenar la crisis hipotecaria en Estados Unidos
El mes de agosto ha contemplado, entre otros muchos movimientos económicos relacionados con el sector inmobiliario, el agotamiento de la paciencia de los mercados ante las constantes subidas de tipos establecidas por la Reserva Federal estadounidense (Fed). Finalmente, la crisis hipotecaria que sufre la primera potencia mundial, ha tenido su reflejo en un derrumbe de las bolsas de todo el mundo.
Ahora son muchas las voces, por parte de analistas y expertos financieros, que solicitan al banco central norteamericano que ponga freno a la escalada en su tasa de interés principal, que actualmente se sitúa en el 5,25%. Ben Bernanke, presidente de la Fed, ha asegurado que, pese a que no es obligación de esta institución defender los intereses de inversores y prestamistas, sino poner freno a la inflación, el banco central del país tomará medidas para evitar una crisis crediticia que afecte a la economía nacional. Ante estas declaraciones, muchos expertos dan por hecho que la Fed anunciara una bajada de un cuarto de punto de la tasa de interés en su próxima reunión, prevista para el 18 de septiembre.
España, especialmente sensible a los movimientos de los tipos de interés, a causa del alto grado de endeudamiento de su población, es uno de los países más pendientes de estas decisiones. Pedro Solbes (ministro de Economía) y Carme Chacón (ministra de Vivienda), dan por hecho que la época de alzas está llegando a su fin. Del mismo modo opinan la mayor parte de los analistas, que apuntan a una subida de un cuarto de punto (del 4% actual al 4,25%) antes de fin de año, para pasar a una época de estabilidad en estos valores. Todo ello pese a que el último discurso de Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, seguía incidiendo en la necesidad de controlar la inflación, lo que apunta a nuevas subidas. Este escenario no sería el más adecuado para los hipotecados españoles, algunos de los cuales ya tienen dificultades para hacer frente a sus pagos.

El PP denuncia a la recién aprobada Ley del Suelo por inconstitucionalidad
Como era previsible, este verano ha visto también el inicio de la batalla legal del PP contra la Ley del Suelo elaborada durante el mandato ministerial de María Antonia Trujillo. No sorprendieron, en este sentido, Esperanza Aguirre o Francisco Camps, presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Valenciana respectivamente, que presentaron, religiosamente, sus recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma. Aguirre, al frente de la marcha de los populares contra el Gobierno central como habitualmente, fue la primera en denunciar la intromisión estatal en las competencias autonómicas. También a nivel nacional el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la norma expropiadora va en contra de los intereses de los agricultores. Las elecciones, evidentemente, se acercan.
Siguiendo la estela marcada por Aguirre, se unieron a la denuncia la Comunidad valenciana, La Rioja y Canarias. No lo han hecho, sin embargo, otras comunidades gobernadas por el PP. Castilla y León, por ejemplo, declinó esta posibilidad. Según la opinión de su consejero de Fomento, Antonio Silván, la norma "va a remolque de los acontecimientos", ya que las medidas impuestas por la ley estatal ya son de aplicación en esta comunidad desde 2005. Pese a no recurrir, Silván no escatimó en críticas contra el Ministerio, afirmando que "sobra".