Eladio Suárez | Lunes 20 de octubre de 2014
El ayuntamiento de Sevilla va a por todas frente a la crisis inmobiliaria de la ciudad. La última medida de choque anunciada contempla un cambio de naturaleza jurídica del suelo reservado a la renta libre, que pasaría a utilizarse para edificar vivienda pública y satisfacer buena parte de la demanda social.
El ayuntamiento de Sevilla pretende destinar parte del suelo privado reservado para construir viviendas de régimen libre a la edificación de viviendas de protección oficial a fin de combatir la crisis inmobiliaria de la capital, una medida que parece contar con el respaldo de la asociación sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco). Así lo ha afirmado el concejal de Urbanismo de la capital andaluza, Emilio Carrillo, que ha anunciado la propuesta, que modificaría el reparto inicial contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que requeriría de una regulación mediante norma autonómica por parte de la Junta de Andalucía.
Carrillo cifró en torno a 9.000 el número de pisos de régimen libre que se pueden ver afectados de aceptar la Junta la propuesta del Consistorio hispalense, suelos que se destinarían a levantar unos 12.000 pisos de VPO, según los cálculos elaborados por la Gerencia en función del coeficiente de transformación de vivienda libre en protegida.
Esta permuta variaría sustancialmente las bolsas de viviendas contempladas tanto en el PGOU como en el Plan Municipal de la Vivienda 2008-2011. En el primero, el reparto de suelo para construir 35.000 viviendas de régimen libre y otras 25.000 protegidas sufriría un trasvase hacia el segundo grupo a costa de 9.000 pisos del primero. Para Carrillo, se trata de un “ajuste de planteamiento” ideado tras los contactos mantenidos entre su departamento y la patronal de los promotores para intentar sortear la crisis que azota al sector inmobiliario, especialmente en el prisma privado.
La construcción de VPO vendrá a paliar el receso, que afecta tanto a la venta como a la construcción de viviendas de régimen libre. Además, dará respuesta a la amplia demanda de vivienda protegida que existe en la capital, y que el delegado de Urbanismo cifró en 33.000 casas, según los últimos datos del registro de demandantes de Emvisesa.
“El cambio es bondadoso para los ciudadanos y para los empresarios porque se construirá y habrá trabajo en el sector pese a la crisis”, agregó Emilio Carrillo, quien precisó que “los promotores ganarán menos dinero que en régimen libre, pero al menos obtendrán un beneficio moderado en un ciclo de estancamiento de ventas”.