Las comunidades autónomas congelan la inversión dedicada a infraestructuras

26/07/2007.- La Administración licitó obras por valor de 26.882 millones de euros durante los seis primeros meses del año. La inversión creció un 33,2%, a pesar del estancamiento del esfuerzo autonómico, que sólo aumentó un 2,6%. Las empresas concesionarias están inquietas por la escasa iniciativa de los gobiernos regionales. Temen que esta actitud se acentúe con la reducción de los fondos comunitarios, que caerán a la mitad en los próximos siete años.

La inversión en infraestructuras es un capítulo estratégico en la economía actual, pero las comunidades autónomas no lo han tomado muy en serio en lo que va de año. Los gobiernos regionales llevan invertidos 7.194 millones de euros entre enero y junio, lo que representa una cantidad muy similar a la del año pasado. El dato es un promedio en el que el esfuerzo en unas comunidades ha contrarrestado la caída en otras, entre las que destacan las más potentes: Madrid y Cataluña.
La situación actual ha hecho saltar las primeras alarmas. Teniendo en cuenta que el 38,6% la inversión pública se destina a los transportes, el retraso de proyectos afecta directamente a la productividad de las empresas locales. La patronal de grandes constructoras, Seopan, ha advertido que el parón en las inversiones, además de lesionar los intereses de sus asociados, favorece el estrangulamiento económico y la deslocalización de la actividad empresarial. "El desarrollo ha de ser constante y equilibrado", sostiene Seopan.

El fin de las vacas gordas. Los anuncios pesimistas de las constructoras se apoyan en el hecho de que el parón inversor de las autonomías se produce en un entorno positivo, cuyo fin se vislumbra cercano. Así, la década de rápido crecimiento de la economía española se apoya en la afluencia de fondos estructurales de la Unión Europea. Una afluencia que la ampliación de la UE hacia el Este mermará de forma importante.
Está previsto que España reciba en el periodo 2007-2013 una cantidad superior a los 31.000 millones de euros, un 50% menos que en el periodo anterior. La reducción se notará de forma diferente en las comunidades autónomas. Las que están más alejadas de la media comunitaria recibirán unos 18.727 millones de euros, frente a los cerca de 6.000 millones de las incluidas en el área de "efecto estadístico" (las afectadas por la reducción de la media europea como consecuencia del ingreso de los países del Este de Europa).
Seopan sugiere que los años de subvenciones por parte de Bruselas no se han aprovechado lo suficiente en ciertos casos. Aquellas regiones que han invertido menos y tiene peor dotación de infraestructuras deberán "desarrollar planes de inversión que les permitan acercarse a la renta media nacional, máxime cuando muchas de ellas continúan siendo objetivo primero a efectos de los fondos de cohesión", afirma la patronal de las grandes constructoras.

La "hora de la verdad". El principal blanco de las advertencias de las empresas contratistas son los gobiernos regionales, que se han mostrado como los más reacios a incrementar su esfuerzo en la mejora de la red de transporte. Así, mientras el Gobierno central se ha caracterizado por impulsar las inversiones en las áreas económicamente más deprimidas -según estas fuentes- las comunidades autónomas se están quedando retrasadas.
Las regiones más ricas, como Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, son las que tradicionalmente hacen esfuerzos mayores en las infraestructuras, aunque Seopan afirma que este papel protagonista no es muy claro. Muestra de este débil liderazgo se encuentra en el recuento de las licitaciones del primer semestre de 2007, durante el que Madrid y Cataluña se situaron entre las regiones con una mayor reducción de la contratación de obras.
La situación es todavía más preocupante en las regiones con peor dotación, ya que en los próximos años dispondrán de menos ayudas comunitarias para afrontar nuevos proyectos que les acerquen al promedio europeo. En un entorno así, los Ejecutivos regionales tendrán que echar mano de sus propios recursos para redoblar la inversión en carreteras, si no quieren quedarse descolgados. "Ha llegado la hora de la verdad para las comunidades con una renta por habitante inferior a la media", aseguran desde Seopan.
Sea cual sea la situación de cada autonomía, la mayoría de los Gobiernos regionales están intentando atraer inversiones estatales, esgrimiendo argumentos que pretenden resaltar su papel de víctimas de la discriminación por parte del Ejecutivo.
El hecho de que las regiones donde el Estado invirtió proporcionalmente más en 2006 sean Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria (en manos del PSOE) ha dado alas a los promotores de este discurso, que es contrarrestado desde el Gobierno con el argumento del desarrollo territorial de las zonas con menos infraestructuras.
Lejos de entrar en debates políticos, las empresas dedicadas a las concesiones afirman que la inversión autonómica debe protagonizar "cada vez más su desarrollo territorial" y no simplemente complementar los esfuerzos de la Administración central. Según la patronal Seopan, "es necesario que las propias administraciones autonómicas comprometan más recursos propios, porque ello, además de aumentar el propio stock de infraestructuras, haría más creíble la demanda de aumentar en esas comunidades la aportación solidaria de todos los españoles".

Nuevas formas de financiación. El principal problema con el que se enfrentan las arcas regionales y locales es el alto coste de las infraestructuras, que ha originado un alto endeudamiento. La Administración está desarrollando nuevos medios para soslayar el parón en el ritmo inversor. Así, en los últimos años se está viviendo un auge de los sistemas concesionales y, sobre todo, de la colaboración público-privada.
La fórmula de la colaboración público-privada, procedente de Reino Unido, en donde tiene varias décadas de desarrollo, cuenta con las simpatías de las propias empresas. "Estos sistemas en la actualidad son instrumentos seguros para los que hay total disponibilidad de financiación privada si están adecuadamente diseñados", declara la patronal de las constructoras, que ve en este método la vía de "mantener una exigencia permanente de más inversiones por parte de la Administración".
La colaboración público-privada ha vivido un gran desarrollo a escala regional, pero los expertos opinan que en los próximos años los consistorios también apostarán por esta fórmula para desarrollar sus propias infraestructuras.

Magdalena Álvarez tira la casa por la ventana con la renovación de carreteras
El Ministerio de Fomento se ha lanzado a un sprint febril en el año previo a las elecciones. Si el total de administraciones públicas hasta junio movilizó 26.882 millones de euros, más de una tercera parte correspondió a la cartera de Magdalena Álvarez, que ha incrementado su esfuerzo en un 140,6%. El principal eje de actuación fue la renovación de las autovías de primera generación, gracias a la cual, la Dirección General de Carreteras multiplicó por seis el volumen licitador, hasta llegar a los 5.368 millones de euros. Por su parte las sociedades estatales AENA y SEITT duplicaron también su esfuerzo.
Frente al crecimiento en carreteras y aeropuertos, las obras de ferrocarriles descendieron, tanto las del Alta Velocidad (AVE) que Adif, que cayeron un 4,8%, como las que licita directamente la Dirección General de Ferrocarriles (un 54,4% menos).
El impulso de Magdalena Álvarez se conjugó con el de los otros ministerios para situar al Gobierno central como principal agente licitador en lo que va de año, con un 39,5% del volumen total. Junto a Álvarez, hay que destacar los contratos publicados por Cristina Narbona que, al frente del Ministerio de Medio Ambiente, incrementó su apuesta un 27,4% más.