Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Ayuntamiento de Barcelona expropiará tres fincas y siete solares privados, que se encuentran en avanzado estado de deterioro, en el ámbito de Ciutat Vella con el objetivo de reconvertirlos en viviendas sociales. La operación se podría saldar con 350 pisos de protección oficial nuevos.
Aunque parezca un hecho insólito todavía hay fincas deshabitadas en el distrito de Ciutat Vella. El Ayuntamiento ha empezado a mover hilos para tramitar su compra forzosa, según se aprobó en la comisión de gobierno del 7 de marzo, con el argumento de la inseguridad y el abandono. Las tres fincas afectadas, Sant Pere Més Alt 25, Forn de la Fonda 2 y Caputxes 1, forman parte del catálogo de edificios protegidos, aunque con la menor conservación.
Las expropiaciones forzosas de los siete solares y tres inmuebles se basan también en la ausencia de respuesta a los requerimientos por insalubridad enviados por el Consistorio en los últimos tres años. Se puede dar el caso que los herederos de las fincas no se hayan ni enterado de su propiedad. El Ayuntamiento es consciente de las dificultades jurídicas de la operación que implica el Plan General Metropolitano (PGM) para redefinir los usos de casa solar. El “nuevo instrumento urbanístico” que se explora para obtener el suelo prevé reservar unos depósitos por si al cabo de unos años de la expropiación, los propietarios apareciesen y exigieran, en los tribunales, recuperar sus derechos, según explicó el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, José Cuervo.
La operación en Ciutat Vella incluye otras modificaciones del PGM para obtener suelo edificable para otros 174 pisos. Se desafectarán 22 fincas más, antiguamente expropiadas por el Consistorio para construir servicios y que “excedentes”, volverán a ser viviendas aunque sociales, según explicó la concejal de Urbanismo, Assumpta Escarp.
Asímismo, se recalificarán otras fincas definidas años atrás como equipamientos, debido al tradicional déficit del distrito y que ahora se volverán a definir como viviendas, aunque sociales y promovidas por el Ayuntamiento o cooperativas de viviendas de alquiler a precios asequibles o para colectivos de discapacitados, jóvenes o ancianos.
La ofensiva municipal para conseguir más viviendas de promoción pública se ha completado con la aprobación de seis operaciones más con 600 pisos. El Ayuntamiento ha acabado en este mandato cuatro mil pisos sociales y ha impulsado la construcción de otros seis mil más.