Las dotaciones sociales impulsan los proyectos público-privados en España

La construcción del Hospital de La Paz, en Madrid, fue un hito para las autoridades sanitarias, hace 40 años. El gran centro, llamado a ser el buque insignia del sistema público, empezó a construirse en 1962. Entró en funcionamiento dos años y medio después, aunque no sería hasta 1966 cuando pudo ofrecer todos los servicios que presta actualmente. Hoy Madrid aspira a construir siete hospitales en menos de dos años. El secreto de tanta rapidez radica en la apuesta por la financiación privada (PFI, según sus siglas en inglés), una fórmula procedente de Inglaterra, que ampara la colaboración entre la Administración y las empresas.
A pesar de que las constructoras españolas llevan 40 años realizando proyectos similares en el terreno de las infraestructuras, la fórmula de la CPP (colaboración público-privada) está tomando cada vez mayor auge en el país, gracias a su uso en iniciativas de carácter social promovidas por las comunidades autónomas. Se estima que diversos gobiernos regionales han comprometido a través de esta fórmula unos 2.700 millones de euros, con la idea de poner en pie una veintena de hospitales.

El ejemplo de Madrid y Cataluña. Pese a la tradición concesional en España, el concepto de la PFI, con el que guarda muchas similitudes, era muy poco conocido hace cuatro años en España. El ejemplo británico propició el desarrollo exponencial de esta fórmula, que calando primero en Madrid y Cataluña, se ha extendido ya a toda España. En la actualidad, los ejecutivos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y las Baleares están desarrollando proyectos de cooperación público-privada.
Pese a su rápido desarrollo, la PFI aún está en mantillas. Francisco Vázquez, presidente de la consultora 3G Office, calcula que en España sólo responde al perfil de financiación privada entre un 5% y un 10% de los contratos licitados, frente a la casi totalidad de los registrados en Reino Unido.
A la vista de la escasa penetración de esta fórmula, pese al interés que suscita entre las administraciones y la iniciativa privada, los expertos coinciden en augurar un fuerte crecimiento para los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia inversora de las administraciones regionales y locales, en los últimos años.
Frente a los grandes proyectos, como infraestructuras de transporte, hospitales o cárceles, Pedro Dubié, portavoz de AEDIP, la patronal de empresas de dirección integrada de proyecto, confía en que las corporaciones locales se destapen en los próximos años como impulsoras de esta fórmula: "En Reino Unido ya no se usa el modelo PPP para una carretera, sino que son los ayuntamientos los que implantan la financiación privada en escuelas", explica. Para Alberto de Frutos, director general de Bovis Lend Lease, sin embargo, "aún queda mucho camino que recorrer en las comunidades autónomas antes de pasar el testigo a las corporaciones locales".
Sea cual sea el principal promotor de la colaboración público-privada, todos los entrevistados por este periódico coinciden al señalar las grandes expectativas de esta fórmula. Así, los representantes del project management certifican el avance de esta actividad. Javier García Monsalve, uno de los fundadores de AEDIP, afirma que el sector público ha duplicado en menos de un año su peso en la facturación de las empresas de dirección integrada de proyecto, pasando del 6% al 13%. Alberto de Frutos, de Bovis Lend Lease, espera que el PFI suponga el 24% de la cifra de negocio de la filial española, en 2008. La cifra estaría aún lejos del 50% que factura en este campo la matriz inglesa en el país considerado cuna de la financiación privada.

Riesgos en la gestión. Las empresas que han apostado fuerte por el PFI en España son las grandes constructoras, que han visto en este campo una forma de reducir el carácter cíclico del negocio, asegurándose el cobro de cánones anuales durante periodos de tiempo de 20 o 30 años. Sin embargo, la cuantía de estos ingresos varía en función de la calidad del servicio prestado. Esta característica ha sido señalada por diversas voces del sector como el talón de Aquiles de la PFI, ya que las penalizaciones económicas pueden hacer de un contrato a priori ventajoso, una sangría de dinero. Francisco Vázquez, de 3G Office, calcula que los costes de construcción de una dotación social son sólo el 15% de la inversión total, mientras que el resto va dedicado a la explotación de la misma.
Las grandes constructoras están reforzando sus filiales de concesiones para mejorar la gestión de infraestrcuturas (facilty management). "Muchas de ellas tenían empresas de limpieza y servicios, pero esto no es suficiente", afirman desde el sector, al tiempo que aconsejan la concesión de los grandes contratos a consorcios equilibrados, en los que las constructoras se alíen con operadores especializados en gestión de dotaciones y con entidades financieras. Así, los elogios que ha suscitado la participación de las aseguradoras en los nuevos hospitales valencianos se transforma en reserva ante el destacado peso de las grandes constructoras en los contratos madrileños y catalanes.

El PFI toma posiciones en cárceles y juzgados, pese a no tener 'padrino'
La financiación pública está consolidándose como figura de referencia en la construcción de hospitales, pero esta fórmula ha sobrepasado los límites de la actividad sanitaria para aplicarse a la gestión de centros penitenciarios y judiciales. GISA, la empresa pública de la Generalitat catalana, está abriendo camino al confiar a Ferrovial la gestión de la prisión de Els Iledoners por 93,5 millones de euros.
El contrato del Gobierno catalán supone la primera experiencia en España de gestión integral de un centro penitenciario por parte de una empresa privada. La concesión de este servicio pone de manifiesto la vitalidad de la financiación privada, a pesar de no contar con un valedor en nuestro país. En este sentido, Rafael Gómez de la Serna, del despacho de abogados Lexland, afirma que "se echa de menos una entidad pública al estilo del Private Finance Iniciative del Reino Unido o de la Netherlands Financial Sector Development Exchange holandesa.
Estas entidades se dedican en exclusiva a encauzar las iniciativas de colaboración público-privadas y de proponer reformas normativas que faciliten el desarrollo de la fórmula. Sin embargo, estos organismos no tienen parangón en España, ya que "implicaría más control y regulación del papel de cada una de las partes y eso es algo que no interesa a los poderes públicos", asegura De la Serna, quien concluye que "sin embargo, se acabará imponiendo la necesidad de constituir un órgano regulador para gestionar estas actividades y atraer inversiones internacionales".
Las propia industria de la construcción está muy interesada en la regulación de todos los aspectos de un campo que entra en las estrategias de la mayoría de las compañías. De hecho, en un estudio realizado entre las firmas de diversos países, éstas opinaban que la buena racha que atravesaron las constructoras inglesas a principios de esta década (con crecimiento por encima del 8%) debía mucho al desarrollo y licitación de contratos de la PFI.