Los jueces, protagonistas

El mandato del actual Consejo General del Poder, que preside Francisco José Hernando, caducó el pasado 7 de noviembre, pero se ha convertido –junto a los jueces de la Audiencia Nacional- en el centro neurálgico del país. Las decisiones judiciales han alcanzado una importancia y un volumen tan altos que sobrepasan a las propias resoluciones de Las Cortes, del Gobierno o de los propios partidos que son los que debieran protagonizar las resoluciones políticas. De hecho, en más de una ocasión han conseguido paralizar actuaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en relación al terrorismo y al llamado proceso de paz.

La falta de acuerdos entre el PSOE –que es quien debería llevar la iniciativa al estar en el Gobierno- y el Partido Popular ha hecho imposible el que ni siquiera se llegue a plantear que hace falta elegir un nuevo CGPJ porque así lo obliga la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es la primera vez que esto ocurre, ni será la última, pero ahora es especialmente dramático porque
teóricamente se está planteando la posibilidad de conseguir la paz en el País Vasco -también la libertad para todos- y el final de las
armas.

Los jueces, que durante muchos años no se atrevían a juzgar a los miembros de ETA –no sin razón por miedo a que les mataran están sembrado ahora de “minas” el proceso de paz, colocándose con todo el bagaje jurídico al lado del PP y de la AVT, o lo que es lo mismo: en la oposición a Zapatero.

El Gobierno y la mayor parte de los dirigentes del PSOE tampoco han hecho mucho para sacar del ámbito jurídico el tema vasco ni han modificado una sola de las leyes que el Gobierno de Aznar aprobó no sólo para acabar con ETA, sino contra el nacionalismo encabezado por el PNV. En muchos casos, los jueces no tienen más remedio que condenar –por ejemplo, en el caso de De Juana Chaos- por unos artículos publicados en la prensadebido a la propia presión social y a la legislación
establecida. Pedirles a los jueces que “moderen” o “endurezcan” sus sentencias en función del clima social o de las decisiones políticas es normal, pero muy difícil de conseguir, como se ha demostrado en los últimos tres años.

El Gobierno ni siquiera parece haberse creído el proceso de paz y eso se ha notado no sólo en los jueces, sino también en la propia opinión pública que se ha quedado pasmada –y en gran parte enfadada con el optimismo de un presidente, Zapatero, que la noche anterior prometía la paz y al día siguiente le ponían una bomba en la T-4 de Barajas- porque ya no sabe a qué atenerse: si
ETA quiere de verdad dejar las armas o se trata del mismo proceso que le ocurrió a Aznar en 1998. Ni el PP, ni la AVT, ni el Gobierno de los jueces habrían hecho nada distinto de lo que han organizado durante todo 2005 y 2006 –manifestaciones
multitudinarias incluidas- si el Gobierno hubiera derogado la Ley de Partidos o si hubieran suavizado el régimen de los presos etarras, por poner dos ejemplos que ni siquiera se sabe si las reclamaba ETA o si las quería hacer Zapatero.

Es decir, el Gobierno ha sufrido el mismo desgaste sin tomar ninguna decisión en el tema de ETA –a pesar de las acusaciones de Rajoy de que estaba cediendo en el caso de Navarra, que luego se ha demostrado que era falsoque si hubiera tirado por la calle de en medio y hubiera negociado algo de verdad.

Cualquier posibilidad de negociación ha quedado simplemente muerta, casi antes de nacer, por la incapacidad de Zapatero de llevar a cabo un proceso creíble, y por los dos muertos en la T-4 de Barajas. Los jueces no han hecho más que agravar la situación con decisiones como la de tratar de juzgar a Ibarretxe por haberse entrevistado con Otegi o por el tema De Juana Chaos.
¿Qué hubiera ocurrido si Zapatero se hubiera empeñado en implantar las bodas entre homosexuales sin sacar una ley que lo permitiera? Simplemente que los jueces que han mostrado su oposición legal, y son muchos, a llevar a cabo esos matrimonios
habrían encontrado un motivo para no casar a los gays, simplemente habrían tenido que echar mano de la legislación anterior que entendía como matrimonio sólo a las uniones entre parejas de distinto sexo.

Lo mismo puede decirse en el caso de la legislación antiterrorista. Nadie podría haber imputado un delito a Juan José Ibarretxe
por hablar con Arnaldo Otegi si éste último no fuera el líder de una organización calificada como “ilegal” por la Ley de Partidos
de Aznar. Así de claro.