Se reactiva la guerra por el control de Metrovacesa

Joaquín Rivero y Bautista Soler firmaron la venta del 3% de la compañía a la inmobiliaria cordobesa Prasa. El precio pactado por la operación ha sdio de 95 euros por título, muy por debajo del entorno de los 124 euros que tiene la acción en el mercado. De esta forma, la operación permite reducir la deuda contraída el año pasado en la contraoferta lanzada por el 26% de la compañía.
Por otro lado, Caja Castilla-La Mancha vendió parte de sus derechos en la ampliación de capital liberada que la compañía ha puesto en marcha para repartir una acción nueva por cada 20 antiguas, de modo que su participación directa se reduce al 0,597% desde el 0,627% anterior, si bien su participación indirecta, según los registros de la CNMV se mantienen en el 1,62%. La entidad presidida por Juan Hernández Moltó sigue así los pasos de otras entidades como Bancaja o la CAM que en otros momentos dieron pruebas de ser los principales valedores del actual presidente Joaquín Rivero en las distintas batallas corporativas a las que ha tenido que hacer frente.
Además, estos días se hacía público el escrito remitido por la familia Sanahuja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que reclamaba del presidente de Metrovacesa la convocatoria de una junta general extraordinaria. El motivo de esta reclamación no es otro que la pretensión de anular el acuerdo para ampliar capital sin derecho de suscripción preferente por mil millones de euros, aprobado el mes de junio. Con un 39,61% del capital, los Sanahuja se mantienen como los primeros accionistas de la compañía, seguidos del presidente Joaquín Rivero (19,36%), el empresario Juan Bautista Soler (16,78%) y la familia Lara, que tiene un 5,18% a través de Inversiones Hemisferio.
La disputada medida de ampliar el capital fue aprobada por la junta el pasado 26 de junio con la intención de evitar que la escasa liquidez del valor pudiese suscitar suspicacias entre los miembros del Comité Asesor del Ibex-35 (CAT) que pudieran llevarles a decidir su exclusión del selectivo español. Cresa Patrimonial considera que estos acuerdos deben quedar sin efecto, porque “se producido una profunda transformación en el accionariado, ya que, al menos, la mitad del capital social ha cambiado de manos, mientras la composición del Consejo de la compañía no ha variado”, según palabras de su Jesús García de Ponga que recoge la prensa económica.
Por su parte, desde Metrovacesa replican que la convocatoria de una junta, que se celebrará en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de la comunicación de Cresa a la CNMV, no supone “renunciar ni limitar” las facultades del Consejo para ampliar el capital de la empresa y realizar una emisión de bonos convertibles. La CNMV ha recibido una comunicación remitida desde la dirección de la primera inmobiliaria del país, en la que se muestra la disposición a convocar la junta y se añade su rechazo a esta “nueva estrategia, que pretende impedir u obstaculizar” la ejecución de la ampliación y emisión de bonos, ya aprobadas en junta.