Oscar Alcaide

La gran cantidad de obras que se están ejecutando en nuestro país traen consigo consecuencias directas en la calidad de los servicios básicos necesarios en todos los hogares. Aunque la lógica y el sentido común llevan a pensar que el desarrollo de nuevas promociones debería ir en paralelo con el de la red de abastecimiento de agua y electricidad, la realidad supera a veces a la más sorprendente ficción y en los últimos años hemos asistido a numerosas averías en la red, tanto eléctrica como telefónica, derivadas del boom de la construcción.
El número de incidencias provocadas por cortes de cables de cobre o de fibra óptica han crecido tanto -hasta un 60% desde 2004, según Telefónica- que las aseguradoras de las contratas han decidido rehusar la cobertura de indemnizaciones a los clientes por esta materia. Tan sólo el 75% del coste de reparación cuenta con algún tipo de protección por parte de los seguros, que por otro lado no sufragan ni el luccro cesante ni las indemnizaciones por fallos en la calidad del servicio. Los operadores de telecomunicaciones se echan las manos a la cabeza ante el aluvión de obras que se desarrollan en zonas densamente cableadas, donde el más mínimo error de cálculo supone para ellas pérdidas millonarias y molestías para sus usuarios.
En Madrid, tan sólo las obras de la M-30, M-40 y Metro han provocado más de 60 cortes durante el año pasado. La primera operadora de España calcula que cada año se producen cerca de 600 averías imputables al sector de la construcción, mientras que Orange asegura que en los diez primeros meses de 2006 las incidencias de este tipo se incrementaron en un 50% respecto todas las registradas en el ejercicio 2005. Vodafone, por su parte, les otorga la responsabilidad del 10% del tiempo que sus redes están inactivas. En cualquier caso, identificar al responsable se convierte en el primer reto, debido a la proliferación de subcontratas y empresas pertenecientes al ámbito de la economía sumergida.
Sea como fuere, lo mejor sería fomentar un desarrollo acompasado y coordinado que evitase que ciudadanos y empresas se viesen obligados a costear las incidencias en el servicio.