BALEARES.- 03/01/2007 La APIB advierte del peligro de colapso por la Ley de Suelo

La gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (APIB), Antonia Fuster, explicó que los promotores únicamente trabajan con suelo finalista, listo para construir, por lo que la Ley de Suelo actualmente en tramitación parlamentaria no les afecta en ese sentido.
Sin embargo, sí podría suponer un "problema" para los urbanizadores. Las empresas urbanizadoras son las encargadas de comprar el solar y transformarlo en urbanizable para los promotores. La nueva Ley establece que existen suelos rurales y urbanos. Hasta ahora, en la Ley de 1998 se fijaban tres clases de terreno: rural, urbano y urbanizable. Con esta modificación, muchos urbanizadores podrían encontrar complicaciones para transformar el suelo y se verían obligados a mantenerlo más tiempo en cartera, por lo que el sobrecoste de la tramitación y la acumulación de terrenos cargarían el precio al que venden a los promotores y estos harían lo mismo con el importe final del inmueble.
Según Fuster, "si eso ocurre, la gente dejará de comprar". "Los precios ya están demasiado altos y no todas las capas sociales pueden permitírselos. Si suben más, descenderán las ventas", dijo. Además, el urbanizador que haya adquirido suelo rústico en una zona no contemplada como de crecimiento en un plan urbanístico, no va a poder recalificarlo, lo que, según Fuster, "supondrá un gran perjuicio para este sector".
Según manifestó, la gestión del precio tasado es una posible solución para retener el importe creciente de los inmuebles. "Hay que buscar medidas de cesión de suelo para Vivienda de Protección Oficial (VPO). En la Asociación de Promotores somos partidarios de que la Administración haga una gestión del precio del suelo para posibilitar la construcción de más VPO", aseguró. Fuster explicó que este es uno de los puntos más positivos de la futura norma estatal. "Trabaja mucho el patrimonio de reserva de suelo para VPO. Pide un mínimo del 25% del terreno construido". Sin embargo, para Baleares este porcentaje será mayor porque la ley de suelo autonómica aún no está aprobada y la normativa actual fija dicho porcentaje en un 30%.