Cristina Narbona

España vivió el pasado año la peor sequía del último siglo; y en 2006 la sequía, -aunque de menor intensidad-, no ha permitido recuperar los embalses, por lo que empezamos el verano con niveles inferiores a los del año 2005. Las zonas más afectadas son la cabecera del Tajo (lo que dificultará en extremo los próximos trasvases), Murcia, algunas zonas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, es decir, las cuencas del Segura, del Júcar y del Guadalquivir.

Quiero destacar que el abastecimiento urbano, gracias a la acción del Gobierno en los dos últimos años, está asegurado, salvo
algún problema puntual. No es el caso de los regadíos, que en las zonas ya señaladas siguen sufriendo restricciones.

Algunas Comunidades Autónomas (Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid) utilizan la sequía contra el Gobierno, al que no perdonan la derogación del trasvase del Ebro. Nadie tiene la responsabilidad política, de que no llueva, pero las Comunidades Autónomas igual que el Gobierno deben adoptar medidas para afrontar la sequía. Por lo contrario, en Madrid se han levantado las medidas de ahorro, a pesar de que los embalses están en una situación aún peor que la del año pasado.

La “varita mágica” para solucionar el problema de la sequía no es, desde luego, el trasvase del Ebro: los trasvases son un foco de confrontación, entre partidos políticos y regiones, como sucedió con el trasvase del Ebro y como ocurre con cada nuevo trasvase del Tajo. No solucionan el problema del agua, son terriblemente costosos, contradicen la Directiva Marco de 2000 de la Unión Europea y tienen graves efectos ambientales, como habría sido el caso en el Delta del Ebro, si se hubiese acometido el trasvase del Ebro. El agua que lleva el Ebro en su desembocadura es necesaria para mantener la funcionalidad ecológica del Delta, su agricultura y la pesca, y en ningún caso se pierde. Los informes desfavorables de la Comisión Europea que no aprobó la financiación
de esta obra, así lo prueba.
¿Qué hacer ante la sequía? En primer lugar utilizar siempre el agua de forma más eficiente, en particular en la agricultura –que
consume casi el 80% del total- y reducir las pérdidas de las redes de distribución. En segundo lugar, aprovechar las aguas subterráneas almacenadas, con moderación, mientras persista la situación de emergencia.

Pero, además de las soluciones de cada momento y circunstancia, hay que adoptar políticas que vayan a la raíz del problema, que es lo que se pretende con el Programa A.G.U.A., a través de la modernización de los regadíos (el riego por goteo consume la mitad de agua por hectárea que el regadío tradicional a manta), la reutilización de las aguas residuales previamente depuradas (cuyos recursos potenciales superan al derogado trasvase del Ebro), la mejora de la calidad (aún quedan muchos municipios que no depuran sus aguas o lo hacen de forma insuficiente) y la construcción de una veintena de desalinizadoras en las zonas con mayores déficits hídricos, como Murcia, Alicante, Almería y Málaga, además de Baleares y Canarias. La desalinización, que ya abastece de agua a 2,5 millones de personas en España, y la reutilización de las aguas previamente depuradas, que no dependen del régimen de precipitaciones, son algunas de las tecnologías que promueve el Gobierno con el Programa AGUA, y que ya proporcionan los recursos que impidieron las restricciones en el consumo de boca en Murcia, Alicante, Almería y Málaga del pasado verano.

En tiempos de escasez hay que aprender a hacer más con menos, la eficiencia debe ser el norte de la política de aguas, llueva o no
llueva. La nueva Directiva Marco de la Unión Europea nos obligará también a mejorar la calidad de los recursos hídricos, sin olvidar el
importante papel del agua en la conservación de ecosistemas, de los que dependemos.