Las Cortes aprueban la nueva ley que sustituye a la polémica LRAU
El debate estuvo marcado por el informe de la Unión Europea.
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
El Partido Popular aprobó, con los votos en contra de la oposición, la Ley Urbanística Valenciana, en vigor a partir de febrero de 2006, que sustituirá a la LRAU de 1994. Mientras la Unión Europea reclama una moratoria urbanística en la Comunidad, la norma endurece las reclasificaciones de suelo.
La Eurocámara aprobó el 15 de diciembre una resolución donde solicita a las autoridades valencianas que se suspendan las reconversiones de suelo rústico en urbanizable hasta que no se apruebe una nueva ley que cumpla las directrices europeas en materia de urbanismo. Esta moratoria paralizaría la reclasificación de 55 millones de metros cuadrados de suelo en la Comunidad, según informa la Conselleria de Territorio.
La polémica en torno al modelo urbanístico valenciano y la aplicación de la LRAU en sus diez años de vigencia llegó hace unos meses al Parlamento Europeo a través del Comité de Peticiones, órgano encargado de atender las quejas de los ciudadanos europeos.
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, afirma que la nueva Ley cumple escrupulosamente con todas las recomendaciones de la Unión Europea, mientras que la oposición vaticina que será corregida por el Tribunal de Justicia Europeo antes de 2007.
Entre las novedades que incluye la norma destacan la exigencia a los ayuntamientos para que fijen los criterios para la adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) mediante ordenanzas municipales, y la ampliación de los plazos de información a los afectados de los diez días actuales a dos meses. Además, cuando el precio de la ejecución de un PAI sea inferior al previsto por el urbanizador, el ahorro deberá repercutir sobre los propietarios del suelo.
La norma da más posibilidades para que el pequeño propietario se convierta en urbanizador de sus terrenos, ya que le exige menos requisitos que la anterior ley. A diferencia de la LRAU, la Ley Urbanística Valenciana (LUV) exige el conocimiento de las consecuencias medioambientales y territoriales que tendría una propuesta de reclasificación concreta sobre todo en el término municipal de Valencia. De esta forma, todo PAI que incorpore una reclasificación tendrá que incluir medidas correctoras de impacto ambiental, áreas de amortiguación y la identificación de los suelos no urbanizables de especial protección que deban ser objeto de cesión de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
A falta de conocer el dictámen de la Eurocámara, el informe de la UE ha generado inquietud entre los construcctores, que han denunciado una campaña para desprestigiar a la región, y temen que los operadores busquen nuevos destinos en el Mediterráneo.
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