Juan Pérez
El chalé de don Juan de Borbón
Los dos hijos del presidente de CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas), Javier y Miguel Angel García Sánchez, fueron los encargados de comprar, en febrero de 2002, al Rey Juan Carlos y a sus dos hermanas Pilar de Borbón (duquesa de Badajoz) y Margarita de Borbón (duquesa de Soria) Villa Giralda, el chalé que don Juan de Borbón, el padre del monarca, poseía en la calle Guisando, 25, en la madrileña Puerta de Hierro.
Por parte del Rey y las Infantas firmó la escritura de compraventa el conde de Fontao, José Manuel Romero Moreno, mediante los correspondientes poderes que le otorgaron ante notario en marzo de 2001. Dos hijos de la duquesa de Badajoz, Bruno y Beltrán Gómez Acebo y Borbón intervinieron también en las negociaciones. CPV pagó al Rey Juan Carlos y a las Infantas Margarita y Pilar con sendos cheques de 901.518,16 euros para cada uno de Ibercaja, que fue la entidad que hizo el préstamo hipotecario a CPV por valor de 2,62 millones, algo menos del precio de venta. Ibercaja estaba entonces presidida por Manuel Pizarro, actual presidente de Endesa.
Villa Giralda ocupa una superficie de 4.229,33 metros cuadrados, y se compone de un chalé de dos plantas: 300 metros cuadrados construidos en la planta baja y 270 en el primer piso, además de 165 metros de semisótano, más otro edificio de 46 metros cuadrados, empleado como casa de servicio. En total, 825 metros cuadrados construidos, según los datos que constan en el Registro de la Propiedad 32 de Madrid.
En septiembre de 2002, 1.200 familias que habían adelantado su dinero a CPV para construir casas en régimen de cooperativa en los PAUs de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro, denunciaron ante los juzgados número 8 y 18 de Madrid que la gestora había vendido los terrenos comprados con el dinero de los cooperativistas sin ofrecer satisfacción alguna a los afectados.
La titular del juzgado número 8 ordenó a las pocas semanas el ingreso en prisión de los tres administradores de CPV, Miguel Angel Morillo y los hermanos Javier y Miguel Angel García Sánchez, que afirmaron que el verdadero responsable de la empresa era su padre, Francisco García Moreno. El dueño de CPV reconoció ante la jueza su responsabilidad y reveló que el dinero de los cooperativistas, unos 18 millones de euros había sido invertido en otros activos, como un inmueble en Puerta de Hierro, en Madrid, y otro en Benidorm (Alicante).
El abogado de los perjudicados, Oscar Zein Sánchez, comentó entonces que García Moreno había mantenido una actitud desafiante ante la jueza, pero no llegó a concretar que el inmueble comprado en Puerta de Hierro era Villa Giralda, propiedad del Rey de España y sus hermanas.
En la actualidad, CPV está bajo control judicial, pero cualquier venta de sus bienes tiene que pasar por el visto bueno de García Moreno.