La vivienda protegida en Navarra no se desclasificará hasta pasados 30 años

La ley consta de 43 artículos e incluye medidas novedosas, como un baremo único, un plazo de desclasificación de 30 años, la inclusión de un nuevo tipo de vivienda de precio pactado, acciones concretas para colectivos especiales y un plan de acción contra el fraude.

En cuanto al baremo único, en la distribución de las promociones de más de 33 viviendas se tendrá en cuenta, en primer lugar, las reservas del 3% para cada colectivo: realojos, minusválidos con dificultad motriz grave, minusválidos con discapacidad mayor al 65%, víctimas del terrorismo, de la violencia de género y familias numerosas.

El resto de las casas se distribuirán entre empadronados en cualquier municipio de Navarra. También se establecen los mínimos ingresos familiares ponderados para poder acceder a los diferentes tipos de pisos.

Además de ampliar el plazo de desclasificación a 30 años, se eliminan los supuestos de ruptura de la pareja y cambio del lugar de trabajo, vigentes hasta ahora, y se condiciona el supuesto de necesidad de una vivienda mayor. Así, las personas afectadas por los dos primeros supuestos deberán vender el piso al Gobierno a precio protegido, y, en el tercer caso, si el Ejecutivo no encuentra en dos años una vivienda mayor, la venta podrá ser a precio libre.

La ley recoge una nueva tipología de vivienda, la de precio pactado, que costará más que una de precio tasado pero menos que una libre. Esta nueva figura permitirá construir hasta un 57% de casas sujetas a protección en los nuevos desarrollos urbanísticos, a razón de un 25% de VPO, un 18% de precio tasado y un 14% de pactado, siendo el resto libre.

En cuanto a medidas para fomentar el alquiler, se reconoce el arrendamiento con opción de compra. Serán pisos promovidos por el Gobierno de Navarra y los pagos en concepto de alquiler podrán ser considerados computables como pagos a cuenta de compra si finalmente se ejercita la opción.

Igualmente, el Ejecutivo colaborará con los ayuntamientos para realizar censos de casas vacías, que podrían ser alquiladas por la administración para subarrendar a precio protegido, y también creará un órgano de inspección para la lucha contra el fraude en la VPO.