Una recalificación bajo sospecha

Allí se levantará, hasta una altura máxima de 45 metros, “salvo que se trate de edificios singulares”, la nueva Ciudad Deportiva del club blanco, mientras la antigua continúa siendo desmantelada y los jugadores se entrenan en la Ciudad del Fútbol, propiedad de la Real Federación Española, ubicada en el municipio de Las Rozas.

La historia de este proyecto nos lleva al convenio urbanístico firmado el 7 de mayo de 2001 entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Real Madrid, con el apoyo de Izquierda Unida, los dirigentes regionales de UGT y CC.OO. y con la oposición del PSOE. Por este proyecto de recalificación, el club deportivo aceptaba trasladar sus instalaciones a Valdebebas, mientras que en los terrenos que ocupaban sus equipamientos se construían cuatro rascacielos y un pabellón deportivo. Con la recalificación y posterior venta de ese suelo, el Real Madrid obtuvo 495 millones de euros, el doble de su deuda histórica.

Investigación.- En octubre de 2002, y en respuesta al eurodiputado nacionalista catalán Pere Esteve (CDC), la Comisión Europea anunció que no investigaría la recalificación de terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid por considerar que “no existen argumentos suficientes” para sospechar que se trate de una ayuda estatal encubierta.

Sin embargo, recientemente, la Comisión Europea, a la vista de las informaciones publicadas en los medios de comunicación y por la presión de algunos miembros de la Eurocámara, ha decidido finalmente estudiar el asunto. Así, el Ejecutivo europeo tiene previsto solicitar a las autoridades españolas información sobre operaciones ligadas al convenio urbanístico del Real Madrid para determinar si el valor de los terrenos de la Ciudad Deportiva del club se adecúa o no al precio real de mercado.

Pero otro problema está complicando todo este proceso urbanístico, se trata de unas cargas urbanísticas existentes en esos terrenos que impiden la construcción por encima de los 110 metros de altura. Así, Sacyr Vallehermoso se niega a pagar los 140 millones de euros que había acordado entregar al Ayuntamiento por la compra de su torre hasta que no se le asegure que esas cargas están solventadas.

Precisamente Ruiz-Gallardón ha señalado que se han puesto en marcha los trámites administrativos oportunos para “el cumplimiento de los plazos y garantizar así los intereses de los ciudadanos”.