La nueva contabilidad internacional obliga a las constructoras a revisar sus números

Saltaron entonces las alarmas sobre hasta cuánto pueden afectar a la cuenta de resultados los cambios en la estrategia contable que siguen las empresas.

Del Rivero redujo su estimación a 327 millones de euros y explicó el motivo: la compañía trataba de adelantarse a las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC), que serán obligatorias a partir de 2005 y que, según los gestores de Sacyr, podrían eliminar la contabilización como ingreso de la obra ejecutada pendiente de certificar, un concepto especial en las cuentas de las constructoras.

Las empresas del sector incluyen en su facturación parte de las obras que ya están terminadas y en las que tienen derecho a cobro, aunque aún no estén certificadas y no tengan el visto bueno por parte del cliente.

Cuando diseñó la fusión con Vallehermoso, Sacyr planeó adaptarse a la práctica general del sector y contabilizar como ingreso la obra ejecutada pendiente de certificar, un concepto que, hasta entonces, no computaba en sus cuentas. Sin embargo, después cambió de opinión por razones de prudencia y porque consideró que las NIC sólo permitirían contabilizar las obras cuando estén certificadas.

Los expertos no están, sin embargo, convencidos. Los auditores del sector afirman que aún no está claro lo que se determinará finalmente. Otros aseguran que las NIC no supondrán la desaparición de la obra ejecutada pendiente de certificar. José Antonio Gonzalo, presidente del libro blanco de la reforma contable –documento con recomendaciones para la adaptación de las nuevas normas–, asegura que se mantendrá. “Esta partida se debe incluir en las cuentas, porque los ingresos tienen que estar referenciados a los gastos, aunque aún no lo hayas cobrado en firme, ni hayas obtenido la certificación”, dice.

Los analistas afirman que todavía se desconoce si la nueva norma va a eliminar esta partida. “Independientemente de ello, creemos que Sacyr ha seguido un criterio de prudencia”, dice Nicolás Lasarte, de la firma Safei.

El debate sobre la obra pendiente de certificar no implica sólo posibles cambios contables, sino que incide en los importantes efectos que tendría sobre los beneficios de las empresas en caso de que las NIC decidieran eliminarla. Esta partida supone alrededor del 20% de los ingresos del área de construcción de 2002 de ACS, Dragados y FCC. Ferrovial reduce esta cifra al 6,6% y Sacyr Vallehermoso, al 3,5%. Cuanto menor es este porcentaje, mayor es la prudencia contable de las compañías.

Competidores de Sacyr aseguran, sin embargo, que el impacto de la normas en la obra pendiente de certificar será nulo. Un directivo del sector explica que las NIC no eliminarán la partida, sino que sólo cambiarán su sistema de contabilización y no tendrán efectos sobre los resultados. Según este experto, hasta ahora, las constructoras computaban la obra ejecutada teniendo en cuenta su valor real de producción, independientemente del proyecto donde se incluía la obra. Sin embargo, las NIC establecerán que el porcentaje de obra ejecutada que se compute debe estar referenciado al valor total del proyecto.

Muchas constructoras están convencidas de que el cambio no afectará a su negocio principal, pero sí deben hacer frente, sin embargo, a otras modificaciones clave. Empresas como Ferrovial, ACS y Sacyr centran en la actividad inmobiliaria parte de su negocio, área que sufrirá cambios importantes.

El plan de contabilidad español establece que las compañías pueden reconocer las ventas cuando está terminado el 80% de la construcción del inmueble. Sin embargo, la nueva normativa es más restrictiva y fija como criterio general que la venta debe ser reconocida en el momento en que se transmite la propiedad al comprador.

Algunas empresas, como Ferrovial Inmobiliaria, afirman que siempre se han guiado por los criterios que establecerá la nueva norma. Otras como Urbis, participada en un 20% por ACS, aseguran que se adaptarán paulatinamente a las NIC y planean elevar al 90% el porcentaje de reconocimiento de ventas en 2004, para asimilar ya parte de los efectos de las normas.

El futuro del negocio concesional de infraestructuras, es por su parte, el aspecto que más preocupa al sector. Actualmente, los gastos de una concesión pueden diferirse a lo largo de los años de vida del proyecto. En cambio, las nuevas normas impiden a las concesionarias diferir los gastos, por lo que deberán registrarlos durante los primeros años de explotación de la concesión.

Las empresas del sector han iniciado una campaña para tratar de que las NIC se adapten a las peculiaridades de la industria y, de momento, son optimistas.