La Ley de Vivienda permitirá el control de los residentes de pisos protegidos

Marisa Prado
Santiago

Uno de los puntos más importantes y novedosos que contempla la nueva Ley de Vivienda de Galicia, publicada el pasado 6 de agosto, es el que hace referencia a la vigilancia que se establecerá para conocer y estudiar con detenimiento los sectores de población que ocupan actualmente una vivienda de protección oficial sin que cumplan todos los requisitos para ello.

Multas.- Los inquilinos que no se atengan a las obligaciones que firman cuando son adjudicatarios de este tipo de pisos podrán ser multados con un mínimo de 600 euros, para los casos más leves, de 3.000 euros, para los graves, y de 60.000 euros para los muy graves, además de estar obligados a abandonar la vivienda.
El objetivo que se busca con esta medida es facilitar que este tipo de inmuebles sea habitado por las personas que realmente lo necesitan, y que afloren al mercado viviendas que ayudarán a que “repercuta en el precio general de los pisos, por supuesto, a la baja”, según señala la secretaria general del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, Teresa Marón.
La responsable del organismo dependiente de la Consejería de Política Territorial, asegura que, a pesar de que existen denuncias que son estudiadas con meticulosidad, ya que “pueden terminar con la expulsión del inquilino de la vivienda”, en general, las personas que habitan este tipo de pisos cumplen todos los requisitos necesarios.
A pesar de las viviendas de protección oficial que existen en el mercado, en A Coruña siete de cada diez coruñeses que buscan un piso no tienen posibilidad de comprarlo. Para el presidente de Aproinco, Manuel Jove, el 70% de la población se encuentra desatendida y “deseando que se hagan pisos de protección, algo que se ajusta exactamente a nuestros deseos”. Sin embargo, para Jove el elevado coste del suelo hace casi imposible que se puedan construir este tipo de inmuebles.
En este sentido, el gerente de la Asociación, Juan José Yáñez, considera que, en este punto, son los ayuntamientos los que deberían tomar la iniciativa, porque, explica, si un piso de estas características, con garaje y trastero, por ley no puede superar los 120.000 euros, “es imprescindible que el Consistorio facilite suelo a un valor que tenga esto en cuenta, pues, de lo contrario, es imposible construirlos”.
A la carestía de suelo y a su elevado precio, los promotores inmobiliarios apuntan otra razón para que no sea rentable la edificación de viviendas de protección oficial y es que hasta este tipo de inmuebles cuenta con una serie de impuestos que suponen, una vez sumados, el 18% del coste total.

VPO en la ciudad herculina.- A Coruña es la ciudad en la que más número de pisos de protección oficial se están construyendo como consecuencia de la aplicación del Plan Cuatrienal 2002-2005. Hasta el momento, la ciudad herculina ha financiado suelo para levantar un total de 1.850 viviendas de protección oficial a través de promotores privados.
Estas cifras, según afirma Manuel Jove, indican que si se compara con el resto de las urbes gallegas, A Coruña es “una de las zonas que más cumple los objetivos en lo que se refiere a este tipo de viviendas”.

Publicidad engañosa.- Además de estas medidas tendentes a velar por el cumplimiento de los requisitos para acceder a uno de estos pisos y controlar quién habita en los mismos, la nueva Ley de Vivienda de Galicia hace un especial hincapié en los asuntos relacionados con la publicidad engañosa que se realiza en algunas promociones de viviendas. Con la normativa, la Administración gallega pretende que en los contratos que se efectúen entre el constructor y el adquiriente de la casa se especifiquen todas las características que aparecían en la publicidad llevada a cabo a la hora de vender el inmueble.
A partir de esta nueva normativa se hace obligatorio que el constructor entregue al comprador toda la información que éste requiera sobre el inmueble, desde la situación en la que se encuentran las obras, hasta cualquier cambio que se realice en ellas, además del tipo de documentación que debe aportar desde el momento en que comienza la construcción hasta la recepción de la vivienda, según ha explicado la secretaria general del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. La finalidad de la normativa legal es el que el comprador se sienta amparado por la misma.