Los Albertos colocan a Echenique, Delgado y Monzón en el consejo de ACS

Luis M. Lianes
Madrid

Alberto Cortina y Alberto Alcocer intentan cerrar los flecos de sus negocios, ante la amenaza de su inminente entrada en prisión por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en Madrid.

Los representantes.-Los que serán segundos accionistas de la nueva ACS, con más de un 10% de los títulos del grupo, ya tienen tres representantes en el consejo de administración, una cifra que iguala la representación de los March, primeros accionistas de la compañía.
Los hombres de confianza de Alcocer y Cortina son Javier Monzón, presidente de Indra; el ex director general del BBVA, Javier Echenique y el abogado Manuel Delgado.
El primer directivo y tercer accionista de ACS, Florentino Pérez, afirmaba, en la junta extraordinaria de accionistas, celebrada el pasado 14 de octubre, sentirse “cómodo” con “todos los accionistas que apoyan un proyecto como el que acabamos de aprobar”, una aseveración que incluye a los Albertos.
A Cortina y a Alcocer sólo les queda ahora la esperanza de que sus respectivos recursos de amparo sean atendidos por el Tribunal Constitucional que, por otra parte, fueron admitidos a trámite en todos sus puntos el pasado 16 de julio, al poco de conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Hasta que ese pronunciamiento no llegue, Cortina y Alcocer no tendrán que ingresar en prisión.
La pregunta más recurrente ahora en ámbitos empresariales y políticos es ¿cuándo se pronunciará el Constitucional? Fuentes de ese tribunal admiten que “no habrá pronunciamiento antes de seis meses; estamos desbordados y las cosas llevan un orden, no hay preferencias de unos asuntos sobre otros”, dicen.
En todo caso, la decisión que tome se conocerá después de las elecciones generales de marzo, y eso tiene una importancia. La tiene porque el Gobierno ha sido especialmente rápido en su decisión de no conceder el indulto a los primos. No se recordaba tanta rapidez desde que concedieron el indulto a Barrionuevo y Vera. Una premura que en los círculos políticos se ha entendido también en términos electorales, a las puertas de los comicios a la Comunidad de Madrid del próximo 26 de octubre.
La interpretación es que el Ejecutivo de Aznar ha querido romper los argumentos electorales del PSOE, que basa su campaña en la confabulación de especuladores para propiciar una mayoría del Partido Popular y, como ellos dicen, “arrebatarnos la victoria”.
Por eso llama la atención el aplauso unánime y obligado de toda la oposición a la decisión del Consejo de Ministros de hacer suyo el informe no vinculante del Tribunal Supremo que, a su vez, hizo enteramente suyo el del fiscal, y, por tanto, denegar una medida de gracia que acorta el horizonte penal de los Albertos hasta hacer de la línea del horizonte el umbral en el que los primos ya tienen un pie.

Argumentos políticos.- El portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, y el vicepresidente Rato argumentan que el Gobierno no mete ni saca a nadie de la cárcel; que se limita a cumplir un trámite que consiste en escuchar el informe del Ministerio de Justicia a favor o en contra de este indulto, como de tantos otros que llegan cada viernes a la reunión ministerial. Y que, a su vez, el informe de Justicia se limita a hacer suyos los argumentos del Tribunal Supremo, a favor o en contra de la medida de gracia.
Ese argumento sería válido si no fuera porque el Consejo de Ministros desoyó en su día el informe del Supremo contrario al indulto al juez Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación para ejercer de juez. El Ejecutivo pasó por encima de la opinión del Alto Tribunal y le concedió la gracia. Es cierto que el magistrado se había convertido en epicentro de una batalla político-mediática agitada desde el Gobierno. Y no le iban a dejar solo en ese trance.
La otra pregunta es, ¿qué ha tenido que ver Mariano Rajoy en la decisión de no conceder el indulto? Desde el Partido Popular se afanan en dejar clara la postura de Rajoy de no conceder la medida de gracia, en una intención clara de marcar distancia con una oligarquía empresarial a la que siempre ha sido ajeno y en la que nunca fue incluido. Y esa intención va más allá del caso concreto de los Albertos, “es una actitud”, dicen y, aunque eso no lo dicen, es también un reclamo electoral que Rajoy sabe que tiene muy buena venta: eso no de tener la etiqueta de amigo de los ricos desmonta muchos argumentos a la oposición en época de elecciones.
La estrategia.- Si, finalmente, Alberto Cortina y Alberto Alcocer entran en prisión, la estrategia de los primos será pedir, desde el primer día, el tercer grado, acogiéndose a la benevolencia del Código Penal elaborado por el ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y estar dentro el menor tiempo posible de esos tres años y cuatro meses a los que se enfrentan cada uno de ellos.