El mercado de maquinaria de obra pública sufre una caída del 90% en ventas

Las patronales del ramo Andicop y Anmopyc han solicitado al Gobierno la articulación de un Plan Renove como una de las principales medidas para superar la "situación límite" que afronta el sector y para la que no auguran final.

"Esperamos dos años más muy negros, pero tampoco vislumbramos una fecha clara para que el mercado mejore en España", indicó en rueda de prensa el director gerente de la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para la Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc), Jorge Cuartero. "La situación es muy complicada", añadió.

El sector considera que la exportación de la producción nacional de este tipo de maquinaria y sus correspondientes recambios es el único factor que impide una mayor desaparición de empresas y destrucción de empleo.

Según datos de Andicop y Anmopyc, en la actualidad se vende al exterior el 90% de la maquinaria de construcción que se fabrica en España, lo que ha supuesto dar la vuelta a la estructura del mercado, dado que en 2007 la exportación apenas suponía un 15% de su facturación total. "El mercado nacional está muerto", asegura Cuartero.

En cuanto al empleo, del total de puestos de trabajo que aseguran ha perdido este negocio desde el inicio de la crisis, unos 7.000 corresponden al ramo de fabricación y los 5.000 restantes, al subsector de la comercialización.

En la actualidad, integran el sector alrededor de 150 empresas, entre fabricantes y comercializadores, que emplean a unos 6.000 trabajadores (solo en producción) y facturan unos 2.300 millones de euros (un 36% menos que en 2007).

Para atajar esta situación y afrontar los próximos ejercicios de baja demanda, las patronales solicitan un Plan Renove, con subvenciones al achatarramiento y compra de una nueva máquina, con el fin de compensar la falta de financiación privada. En este sentido, consideran que la mayor exigencia de recursos públicos a bancos y cajas "complicará aún más" la financiación de todo negocio relacionado con la construcción.

También piden que Administraciones y empresas clientes (concesionarios, alquiladores de maquinaria y constructoras) cumplan con los plazos de pago previstos en la nueva Ley de Morosidad. Según indican, en la actualidad pagan a más de 150 y 200 días, respectivamente.

Además, subrayan la necesidad de que el Gobierno se replantee el anunciado recorte de inversión en obra pública por considerar que constituye un motor de la economía.