España asume el reto de proteger el paisaje de todos sus territorios

Las grandes obras urbanísticas tendrán que tener en consideración no sólo su impacto ambiental, sino su repercusión sobre el paisaje, sea éste el que sea. El pasado día 1 de marzo entró en vigor en España el un convenio europeo que obliga a las administraciones a proteger no sólo los espacios naturales emblemáticos, sino también los urbanos, periurbanos, subacuáticos o agrarios, tanto si son excepcionales como si son cotidianos.

En virtud de esta norma, suscrita por 29 países europeos, cualquier territorio será considerado “paisaje”, y en el caso de entornos degradados, como los vertederos o las minas abandonadas, se promoverá su regeneración. El que todo el territorio se convierta en paisaje y no sólo las zonas “relevantes” es la gran novedad de este convenio. Sus artículos obligan a que las políticas que incidan en el territorio, como las de urbanismo, infraestructuras, aguas o costas tengan en cuenta todos los paisajes, que se convierten en un derecho del ciudadano.

Estos mandatos tendrán que ser ejecutados, en gran medida, por las comunidades autónomas, que ostentan la mayor parte de las competencias sobre política territorial, y aunque todas las autonomías han realizado actuaciones de protección, sólo Cataluña y la Comunidad Valenciana han elaborado sus propias leyes del paisaje. Además, se aprobará, de acuerdo con las comunidades autónomas, el Plan Nacional del Paisaje Cultural y se pondrán en marcha reuniones de trabajo periódicas para establecer políticas comunes en esta materia. El convenio obliga a los países a garantizar la participación pública en las políticas que afecten a los paisajes y adoptar medidas de sensibilización y formación respecto al valor de estos.