Luis Leirado

Establecer el valor de un bien siempre ha constituido una tarea delicada. Además, una vez realizado no es extraño que las partes implicadas estén en desacuerdo con la valoración. De aquí que los métodos de valoración apropiados, la aplicación de estos métodos, la independencia de los valoradores respecto a sus clientes, la transparencia y el rigor sean los principios que han de regir los trabajos de las empresas que nos dedicamos a la valoración.

En nuestro país contamos con un modelo de éxito de regulación de la actividad de valoración en ámbitos financieros y económicos mediante empresas de dedicación exclusiva, homologadas y con la supervisión del Banco de España e, incluso, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en cuanto a mercados hipotecarios y fondos de inversión inmobiliarios.

Al mismo tiempo, en otros campos no regulados observamos que la misma CNMV emitió este año unas recomendaciones sobre buenas prácticas de valoración para sociedades cotizadas y para fusiones o adquisiciones de las mismas, siempre en el ánimo de mejorar la función de estos valores. Muchas de estas prácticas, ya interiorizadas por las sociedades de tasación, puede que sirvan de preámbulo a una futura regulación que intente evitar notorios errores cometidos en los últimos tiempos.

La existencia en España de una regulación de sociedades valoradoras para determinadas finalidades -RD 775/97-, marca ya una diferencia importante respecto a muchos aspectos básicos del proceso de valoración que no están interiorizados de la misma manera en la forma de actuar en otros países.

Existen una serie de preceptos básicos que deben ser considerados en la actividad de valoración. La exclusividad en esta actividad hace que los conflictos derivados del negocio que se pueda tener con el cliente en otras áreas de la empresa desaparezca, obteniendo como resultado la objetividad en la valoración. El control de los conflictos de intereses, la existencia de procedimientos internos técnicos y de conducta, de reglamentos de cara a las incompatibilidades por razón de accionariado o de concentración de clientes son también importantes.

Para elaborar una valoración con garantías resulta fundamenta el conocimiento del mercado en el que se opera. Poseer información histórica del comportamiento de los mercados y de la evolución de los elementos de valor de los bienes, resulta fundamental para realizar esta labor. En este sentido, aplicar sistemas de información innovadores y generados a partir del know how adquirido en la realización de esta actividad, constituyen un valor añadido a la calidad del servicio prestado.

La existencia de una unidad interna de control de las valoraciones debe ser consustancial a la realización de este tipo de trabajos. No es tanto revisar mucho sino estructurar coherentemente su funcionamiento. En campos tan complejos y delicados de la valoración inmobiliaria como los terrenos es donde esta especialización y base de conocimiento, así como la selección de profesionales valoradores en continua formación, se muestra imprescindible para garantizar la calidad de la valoración.