El sector recibe escéptico las recientes soluciones al acceso a la vivienda

Queda poco más de medio año para las elecciones generales, pero el ambiente de pre-campaña ya ha comenzado a dar sus frutos, en forma de promesas. La vivienda, un asunto muy sensible para la opinión pública, ha centrado gran parte del trabajo de los políticos. Propuestas como la de la Junta de Andalucía de promover pisos protegidos para las familias que ingresen menos de 3.100 euros al mes o la ronda de negociaciones del Ministerio de Vivienda para impulsar el alquiler, han devuelto a la primera plana el problema de la vivienda.
Más allá de su vertiente social, las propuestas de los partidos políticos afectan de lleno a un sector inquieto, a fuerza de informes y augurios desalentadores. El ámbito empresarial ha reaccionado con expectación a la tormenta de ideas que se ha desatado tras la vuelta de vacaciones.
Sin embargo, bajo la corriente oficial que se declara esperanzada por la atención que está suscitando el futuro del sector, los empresarios no esconden su escepticismo ante lo que ven como proclamas de cara a la galería, en la recta final hacia los comicios generales. "Cualquier plan para mejorar es bueno, pero las soluciones tienen que debatirse fuera de foros políticos", dice Roberto Jiménez, presidente de la patronal de cooperativas Gecopi.

Electoralismo de todos los colores. Muchos empresarios comparten de forma anónima la impresión de que los políticos han desempolvado el interés por el problema de la vivienda en pos de los votos. "Las iniciativas de Carme Chacón o Manuel Chaves no son excepcionales, lo hacen políticos de todos los colores" constata Miguel Angel Muñoz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.
Sin embargo, por encima del impulso que los partidos dan de forma circunstancial a la vivienda, la propuesta de la Junta de Andalucía ha descollado muy por encima de las demás. Los empresarios más diplomáticos le dan el beneficio de la duda al boceto anunciado por el presidente andaluz Manuel Chaves, a falta de saber cómo logrará financiar un plan que aseguraría una vivienda económica (no más de un tercio del sueldo) a casi la totalidad de la población de esta Comunidad Autónoma.
Sin embargo, son legión los empresarios que no creen o incluso atacan con violencia la iniciativa andaluza. "La medida es un despropósito y una insensatez", clama Javier Martín, responsable de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria en Andalucía, que cree que el Gobierno regional está transmitiendo un mensaje desconcertante al mercado. "Al oír la propuesta es inevitable que quien esté pensando en cambiar de piso concluya que es mejor esperar, por si acaso. La promesa influirá aun más en la ralentización del mercado, deteniendo las decisiones de compra", asegura con enfado.
El disgusto de Martín se explica por la delicada situación de los intermediarios inmobiliarios, que están viviendo de forma muy directa la situación actual del mercado. Según ciertas estimaciones, se han cerrado entre el 30 y el 35% de las oficinas de agencias inmobiliarias. Calculando que en cada una de ellas trabajan al menos tres personas, la sucesión de cierres ha dejado en la calle a más de 9.000 personas, sin contar empleos indirectos.

Sin tiempo para grandes logros. Los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Vivienda para impulsar el alquiler, ya sea a través de ayudas o incentivos fiscales a las promotoras, despiertan opiniones más matizadas, aunque prevalece la idea de que la proximidad de las elecciones impedirá llegar muy lejos en la maduración de un plan efectivo. "Cualquier fórmula a la que se llegue estará supeditada a los resultados de las elecciones", dice Roberto Jiménez, de Gecopi. "Ahora mismo, creemos más en lo que proponen las comunidades autónomas que ya han pasado las elecciones", añade.
El proceso electoral no deja demasiado tiempo para que los contactos del Ministerio de Vivienda cuajen. "Carme Chacón está en el buen camino, pero todo quedará detenido en enero por la preparación de las generales. Le han pedido avances tangibles, pero hace falta más tiempo para llevar a cabo un estudio de las posibles soluciones", afirman desde el Consejo General de Colegios de Administradores. El presidente de este órgano, Miguel Ángel Muñoz, es más pesimista acerca de la posibilidad de que las comunidades autónomas den una respuesta más satisfactoria al problema de la vivienda. "Todas las sociedades públicas están potenciando el alquiler entre los jóvenes, pero cuando una persona pasa una determinada edad parece desaparecer de los planes públicos", declara Muñoz.
En la patronal de los promotores también creen que los planes que discriminan a los beneficiarios de ayudas por criterios socio-económicos no son la solución al problema real de acceso a la vivienda. Manuel Martí, portavoz de APCE, sostiene que "la principal dificultad del acceso a la vivienda sigue estando en el hecho de que los planes urbanísticos no se ajustan a la demanda del mercado, que piden pisos de menor superficie":

Las regiones dan un paso al frente para neutralizar las turbulencias del "plan Chaves"
Apoyo decidido o rechazo frontal. La propuesta de Manuel Chaves de garantizar vivienda económica a los ciudadanos suscita opiniones radicales entre empresarios y políticos.
Entre estos segundos, el plan andaluz sacudió el panorama autonómico. El caso es que, mientras los ejecutivos socialistas alabaron la propuesta y los del PP la criticaron duramente, casi todos marcaron distancias hacia una iniciativa que contará con serios obstáculos para encontrar financiación. En este sentido, sólo el conseller balear de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, expresó su disposición a tomar el plan andaluz como un modelo a seguir.
El resto de los responsables regionales socialistas, remarcó sus esfuerzos en vivienda social para no quedarse en fuera de juego. Así, la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, aseguró que esta región verá surgir 8.000 viviendas sociales esta legislatura. Desde Aragón, el equipo de Gobierno anunció que sólo el año pasado se iniciaron 8.200 viviendas de protección. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo asturiano, Ana Rosa Mingoya, aseguró que el compromiso para esta legislatura es poner en el mercadao 15.000 VPOs.
También en Galicia, la responsable de Vivienda y Suelo, Teresa Táboas, salió a la palestra para recordar que esta Comunidad Autónoma es la primera en disponer de un Plan Sectorial de Vivienda Protegida.
Entre los comentarios que suscitó la iniciativa de Chaves también hay un grupo relativamente numeroso que sostiene que las propuestas andaluzas ya están siendo aplicadas, sin tanto revuelo, en otras regiones. Así sucede en Cataluña, cuyo Ejecutivo comparte la tesis de que el esfuerzo inversor de las familias no debe superar el 30%.